El dueño de la casa 'La Enredadera', situada en el madrileño distrito de Tetuán, ha pedido al juez el desalojo de este centro social, sede de movimientos sociales y antifascistas, según ha informado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

La Policía comunicó a la Delegación de la llegada de esta denuncia entre este jueves por la tarde y la mañana de este viernes, tal y como han confirmado a 20minutos fuentes cercanas a Cifuentes. De hecho, este jueves se seguía pensando que el propietario estaba en contra del desalojo.

De hecho, será el mismo juzgado, el número 48 de Plaza de Castilla, el que tome la decisión de desahucio, el mismo que ha ordenado el desalojo del Hogar Social Ramiro de Ledesma, 'okupado' por miembros de ideología ultraderechista, que se ha llevado a efecto la mañana de este viernes.

La delegada ha señalado que el juez cuenta con el informe emitido por la Policía en relación al otro centro, ya que en el mismo se detallan incidentes en las últimas semanas entre miembros de una y otra casa. En concreto, diez incidentes, la mitad originados por antisfascistas y la otra mitad por neonazis.

El dueño de 'La Enredadera' y sus ocupantes tenían un contrato en precario para la cesión del inmueble para determinadas actividades y con determinadas condiciones. Sin embargo, el propietario ha alegado incumplimientos de ese contrato para pedir el desalojo, según ha indicado Cifuentes. De hecho, ya hubo un desalojo previo en 2012.

El propietario denunció el miércoles ante la Policía la ocupación ilegal de este inmueble. En comisaría relató a los agentes que el edificio había sido ya ocupado en otros ocasiones. Así, la primera denuncia la interpusieron el 29 de enero de 2009 en la comisaría de Tetúan y, en consecuencia de ello, el Juzgado número 14 de Madrid acordó nueve meses después su desalojo.

Aunque el denunciante señaló que pusieron medios para que el inmueble no volviera a ser 'okupado', no lo consiguieron porque "la inmensidad de la nave impide asegurarla totalmente". Y que incluso querían venderla o alquilarla, pero que no recibieron ofertas para ello.

Ya en febrero de 2012, según relata en la denuncia, el hermano del dueño y copropietario acudió a 'La Enredadera' pero no le dejaron pasar alegando que estaban allí con autorización del propietario, a lo que respondió que "era manifiestamente falso".

Entonces, "ante la insistencia de los ocupantes que manifiestan que aunque los desalojen volverán de nuevo a ocuparla", los propietarios acordaron con dos personas que manifestaron hacer uso en ese momento del edifico "que podrían permanecer en él con una serie de condicionantes y así es plasmado en un documento en cuyo séptimo punto asegura que el incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el mismo facultará al propietario para extinguirlo".

Ahora, el dueño considera que son varios puntos del acuerdo que no están cumpliendo y por eso lo extinguen y recalca que en el interior de La Enredadera "los ocupantes se encuentran ilegalmente contra la voluntad del compareciente".

Además, asegura que, tras la situación vivida en Tetuán ante la llegada de nuevos 'okupas' y los enfrentamientos, ha recibido las llamadas de dos personas que "le conminan a no presentar la denuncia por la ocupación del edificio".

Por último, la propiedad ha alegado que la 'okupación' del edificio "le está impidiendo hacer efectivas ofertas de compra en firme, así como el alquiler que tiene en la autoridad" y que las personas con las que llegó al acuerdo de 2012 no son las mismas que se ponen en contacto con él ahora.

La denuncia ante la Policía fue enviada al Juzgado. Concretamente, ha recaído ante el Juzgado número 48 de Madrid, el mismo que decretó el desalojo de la casa 'okupada' por ultraderechistas en la calle Juan de Olías, cuyo desahucio ha sido efectivo este viernes.

Por otro lado, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha asegurado este viernes que se han abierto diligencias para investigar si el hecho de que los 'okupas' desalojados del Ramiro de Ledesma den comida solamente a españoles y no a otros colectivos de inmigrantes pudiera incurrir en algún tipo de infracción penal.

Así lo ha indicado en una entrevista a la Cadena Ser, en la que ha explicado que el desalojo se ha producido porque la 'okupación' de un edificio sin el consentimiento de sus propietarios constituye un delito de usurpación. Tras el desalojo, el colectivo ha avisado que seguirá adelante con su proyecto.

"Lo que se está analizando es el hecho de dar comida solo a españoles. Se han abierto unas diligencias para valorar si esa conducta, que es voluntaria, podría constituir un trato denigrante respecto a nacionalidades diferentes a la española o si genera algún tipo de discriminación u odio a otros colectivos", ha apuntado el fiscal superior.

En esta línea, ha subrayado que habrá que analizar si "los tipos penales son efectivamente aplicables o trasladables a esta conducta" que se está realizando. "Tenemos que valorar si el hecho de dar comida solamente a españoles en una actividad voluntaria genera alguna infracción penal", ha dicho.