La elevada formación de la mujer parece incompatible con la posibilidad de que ésta soporte durante años malos tratos psicológicos por parte de su esposo o pareja y no denuncie tal situación vejatoria, como así reza un auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid.
Su titular utilizó esta premisa como base de su fundamentación jurídica a la hora de archivar la denuncia que una vallisoletana presentó contra su marido por hechos, supuestamente, de esta misma naturaleza.
El juez, en su resolución relativa a las diligencias previas del procedimiento abreviado 140/2007, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito.
Como base justificativa de su decisión, calificó de "sorprendente que una persona con alto nivel de formación y capacidad soporte durante los años que ella señala esos supuestos desprecios, humillaciones...y, en definitiva, malos tratos psicológicos, sin poner remedio a esa situación o, en todo caso, sin acudir a un profesional (psiquiatra, psicólogo) o sin pedir algún tipo de ayuda externa (asociaciones...etc)".
A su vez, el juzgador advierte de que "es a raíz de la ruptura conyugal cuando, curiosamente, se formula la denuncia". En definitiva, concluye el auto, "no se aprecian indicios del delito denunciado ni de ningún otro y de ahí que proceda el sobreseimiento".
Es sorprendente que una persona con alto nivel de formación soporte durante años esos supuestos desprecios
Se da la circunstancia de que este juez es el mismo que en otro auto reciente y no menos polémico impuso a un hombre la orden de alejamiento de su pareja, después de que ésta le denunciara por maltrato físico, pero, curiosamente, dejó en la calle a la víctima y su hija de 15 años tras otorgar al denunciado el uso y disfrute del piso de alquiler que compartía la pareja con el argumento de que el contrato estaba a su nombre.
Despreciada por ser "una mera licenciada"
El caso ahora sobreseído hace referencia a la denuncia que V.C. presentó contra su marido, L.D, tras presuntamente sufrir 16 años de menosprecios, insultos y humillaciones por el hecho de que ella era simplemente una licenciada y él contaba con una formación académica superior y era docente de la universidad.
Así, siempre según el contenido de la denuncia, el denunciado no cesaba de recordar a la mujer que su título era "más provechoso y rentable" que el suyo y le advertía de que, por tal motivo, no estaba obligado a compartir con ella sus ingresos.
La situación tornó todavía a más rocambolesca cuando, establecido el domicilio familiar, el esposo comenzó a exigir a su propia esposa el pago de una renta por vivir en el piso con la excusa de que parte del dinero utilizado para comprarlo había sido aportada por una tía del denunciado. Desde entonces, la mujer pasó a ser inquilina de su marido.
Posteriormente, incluso los padres de ella adquirieron también la condición arrendatarios y se vieron obligados a pagar una renta a su yerno de 60.000 de las antiguas pesetas cuando, por determinadas circunstancias, tuvieron que compartir el piso con la pareja.
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