El portavoz y concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha manifestado que si la alcaldesa, Sonia Castedo, no dimite tras su imputación por un presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, sería "una nueva vergüenza" para la ciudad.

Pavón, en declaraciones a Europa Press, ha exigido la dimisión de la primera edil del consistorio alicantino, también imputada por la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. "Tiene que dimitir ya, debería convocar de inmediato una rueda de prensa para anunciar su dimisión irrevocable", ha aseverado el portavoz de EU. "La situación ya no es que sea insostenible, es que se ha desbordado de tal manera que creemos que no le queda otra", ha asegurado,

"No puede seguir intentando que la gente confunda las responsabilidades penales a las que pueda hacer frente, con las políticas. El hecho de que se la impute nuevamente por corrupción vinculada a otro importante documento urbanístico de la ciudad debería desencadenar su renuncia al cargo 'de motu proprio'".

Asimismo, Pavón considera que el Partido Popular "a nivel estatal" debería exigir la dimisión "públicamente", porque "la situación se está pudriendo cada vez más, y está afectando al funcionamiento del Ayuntamiento". En este sentido, Pavón ha denunciado que el consistorio alicantino acusa "parálisis" y "falta de gestión".

"La que tiene encima es tremenda", ha aseverado Pavón, que ha agregado que la alcaldesa "ya sabe que políticamente está amortizada, si quiere prolongar su agonía, allá ella".

El concejal de Esquerra Unida ha desvelado que su coalición presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento, el 30 de septiembre, para exigir la dimisión de Castedo, "si todavía sigue como alcaldesa". En esa misma solicitud, EU demanda una comisión de investigación sobre el presunto amaño del plan Rabasa, así como la suspensión de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada por la Generalitat para instaurar Ikea sobre terrenos vinculados a aquel proyecto. Pavón ha dicho que el auto de imputación tiene "implicaciones" sobre esta ATE.

Satisfacción por la imputación

Miguel Ángel Pavón se ha mostrado satisfecho por la decisión del juez de llamar a declarar como imputada a Sonia Castedo, y también a Enrique Ortiz, a los cargos del ministerio de Fomento Emilio Peiró y Francisco Javier Criado, así como a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, Enrique Sanus e Isabel Campos, de quienes ha considerado que "deberían apartarlos de sus funciones" en esa área municipal.

Sin embargo, el regidor ha recordado que, su formación, como denunciante, "dirigíamos la denuncia a dos personas más", el exalcalde Luis Díaz Alperi y María Ángeles Ureña, ex secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y actualmente presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Así, Pavón ha anunciado que van a seguir pidiendo la imputación de estas dos personas, por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Además, el concejal también ha anunciado que continuarán solicitando la comparecencia de diez personas como testigos, ya que el auto de imputación "no dice nada" sobre esta petición. Entre ellas, se encuentra el exconcejal socialista Ángel Franco, "que votó en 2005 a favor del plan Rabasa y que sigue manteniendo responsabilidades orgánicas en el partido".

En este sentido, ante el anuncio del PSPV de que esta formación va a pedir a sus abogados estudiar la petición de prisión provisional para Castedo, Pavón ha calificado esta medida como "efectista". Pavón ha destacado que "el PSPV tiene en su haber el vergonzoso pleno de 2005", en el que votó a favor del Plan Rabasa.

El edil de EU ha resaltado que "no hubiera pasado nada de esto si nosotros no hubiéramos llevado adelante esta denuncia" y ha recordado que "el Partido Socialista no presentó ninguna denuncia, se personó, probablemente por saber qué se cuece y se les puede o no salpicar" la investigación.