(AM)El BNG y sus alcaldes exigen "devolver el cobro indebido" de Sogama y la dimisión de Lamas por "falsear" las cuentas

Estiman que un municipio de 10.000 habitantes tuvo un sobre coste de unos 80.000 euros y piden también cambiar el modelo de la incineración
Ana Pontón (BNG), en el centro, junto a alcaldes nacionalistas
Ana Pontón (BNG), en el centro, junto a alcaldes nacionalistas
Europa Press
Ana Pontón (BNG), en el centro, junto a alcaldes nacionalistas

El BNG y sus alcaldes exigen que Sogama —ente participado mayoritariamente por capital público— les "devuelva" lo que les "ha cobrado indebidamente", después de que para este año se previese una subida del 34 por ciento del canon que pagan los ayuntamientos por una previsión de pérdidas que alcanzaba los 4 millones de euros.

Según los cálculos de los nacionalistas, en un ayuntamiento de unos 10.000 habitantes, el sobre coste por la subida del canon podría estar en unos 80.000 euros.

De hecho, y en palabras de la diputada nacionalista Ana Pontón, el presidente de Sogama, Luis Lamas, "falseó las cuentas", ya que finalmente las pérdidas fueron un "85 por ciento" menos de lo que se incluyó en los presupuestos de la Xunta al quedarse en 600.000 euros, motivo por el que el Bloque también reclama la dimisión del máximo dirigente de ese organismo.

En la rueda de prensa, además de Pontón, también han participado los alcaldes de Carballo, San Sadurniño, Ribadeo y Monforte, Severino Rodríguez, quien fue uno de los primeros en declararse "insumiso" a la subida de la tasa incluida en las cuentas autonómicas del presente ejercicio.

En nombre de los alcaldes del BNG, Severino Rodríguez ha explicado que solicitaron que se "actuase con contundencia a través de la Fegamp" y "rotundidad", y han reclamado al presidente de la federación municipal, el alcalde ferrolano José Manuel Rey Varela (PP), que "convoque la comisión de residuos para abordar esta cuestión con la Xunta".

A principios del mes de septiembre, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresó —en una rueda de prensa posterior al Consello— su rechazo a reintegrar las cuantías cobradas.

"teníamos la razón"

"Teníamos la razón. Y cuando alguien tiene la razón, hay que dársela", ha enfatizado Severino Rodríguez, quien ha visto "demostrado" lo que los alcaldes habían advertido cuando se subió el canon y se mostraron en contra. Así, ha exigido "retirar" el canon y que se les devuelva "el dinero que se les robó ilegalmente" a los municipios y sus vecinos.

Por ello, ha instado a la Fegamp a que actúe con "contundencia", puesto que es el organismo que tiene que "defender los intereses de los vecinos que viven en los ayuntamientos".

"Espero que el presidente de la Fegamp convoque la comisión de residuos para abordar esta cuestión con la Xunta. Lo que no puede ser es que se engañe a la gente y no pase nada; que se falsifiquen las cosas, y no pasa nada", ha abundado Severino Rodríguez, quien ha observado que si cualquier alcalde se desviase un 85 por ciento de sus previsiones en un presupuesto, lo "primero" que tendría que hacer es "dimitir".

"asunción de responsabilidades"

La parlamentaria del BNG ha incidido en que se trató de una subida "ilegal" y ha remarcado que "lo normal sería que el Gobierno de Feijóo rectificase, devuelva el dinero que cobró indebidamente y asuma responsabilidades en el ámbito político".

En esta línea han registrado una iniciativa en el Parlamento de Galicia los nacionalistas, con el fin, también, de que el presidente de Sogama sea "cesado" por su "actuación negligente y falsaria". A juicio de Pontón, se ha verificado que "se quería hacer hucha a cuenta de las arcas municipales".

Cambio de modelo

Al margen de esta cuestión, Ana Pontón ha manifestado que "sigue siendo evidente que Sogama es un modelo fracasado e insostenible" y "le sale caro a los ciudadanos en términos económicos", además de sociales. Por ello, ha exigido un plan de residuos que "abandone" este modelo, basado en la incineración, y se apueste por reducir y reciclar.

En este sentido, ha señalado que la creación de plantas de compostaje comarcales supondría la "creación de 1.500 empleos directos", además de los beneficios medioambientales.

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