La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha sido citada a declarar como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias por el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados. El magistrado aprecia un posible trato de favor al empresario Enrique Ortiz, adjudicatario del proyecto, en la tramitación del mismo.

Según el auto del juez, facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Castedo deberá declarar como imputada el próximo 27 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

Esta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada Castedo, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Además de Castedo, el juez instructor del caso Rabasa ha citado a declarar como imputados al adjudicatario de este plan urbanístico, el empresario Enrique Ortiz -también imputado en la pieza del Brugal sobre el PGOU de Alicante-, al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, a una funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, y a dos personas más.

El juez instructor del plan Rabasa ha tomado esta decisión tras tener en su poder el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre este caso.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha advertido este miércoles de que es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien debe valorar "en cualquier momento", tras su citación como imputada por el plan urbanístico de Rabasa, lo que significa para ella y para la institución su acta de concejala.

"Cada uno es titular de lo que es su acta, es personal", ha dicho Fabra a los periodistas al ser preguntado por si cree que Castedo debe dimitir tras haber sido citada a declarar como imputada por el juez que instruye las diligencias de la tramitación del plan urbanístico de Rabasa.

Preguntado por si Castedo debe dimitir, Fabra ha dicho que ahí no entra. "Yo guardo para mí lo que es mi opinión y espero que todas las personas que ostentan un cargo público, en un momento donde hay una desafección importante de los ciudadanos hacia los políticos, sean transparentes", ha afirmado.