El titular del juzgado de instrucción número 2 de Melilla ha imputado por prevaricación al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín-Villaseñor, por las expulsiones de inmigrantes en la valla fronteriza en contra de lo dictado en la ley en dos intentos de entrada en los meses de julio y agosto de 2014. El juez ya anunció el pasado 7 de agosto que iniciaba la investigación de este caso.

Esta instrucción responde a dos denuncias (del 18 de julio y el 13 de agosto) y busca esclarecer si se llevaron "entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción penal".

Para argumentar su decisión, el juez establece el concepto legal de frontera, basado en los tratados internacionales firmados con Marruecos, y que delimitaría la línea fronteriza y en la valla exterior del complejo fronterizo, a partir de donde se debería aplicar la legislación española.

Esa definición legal la contrapone el juez en su auto al aportado por un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, firmado por el imputado y facilitado a la sala el 2 de agosto de este mismo año y en el que se lee que "la valla interna materializa la línea que delimita, a los solos efectos de la ley de extranjería, el territorio nacional (...) La entrada ilegal sólo quedaría consumada cuando el inmigrante ilegal rebasa la línea de vigilancia y contención establecida". Una idea que se corresponde a las declaraciones del pasado abril del ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz: "Si la primera valla ya es España, ¿para qué hay una segunda?".

El juez constata que, en los vídeos aportados en las denuncias (que se pueden ver en esta información), "se observa como varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes, pasando primero por la puerta ubicada en la valla interna y posteriormente por la puerta colocada en la zona entre valla, engrilletados y alguno de ellos con síntomas visibles de encontrarse lesionado, sin que conste que los mismos fuera trasladados a la Jefatura de la Policía Nacional", como debería hacerse por ley.

"Esta circunstancia, lleva a considerar que tales ciudadanos habrían llegado a sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo, lo que habría obligado a aplicarles la legislación de extranjería", escribe el juez. Algo que parece indicar que los agentes incluso incumplieron su propio 'concepto operativo' de frontera.

Del mismo modo, ante dos conceptos de frontera diferentes, "uno de naturaleza jurídica y otra de naturaleza operativa". El juez asegura que se dan indicios de una "derogación 'de facto' de los tratados internacionales suscritos en materia de delimitación de los límites fronterizos, ya que no se aplicó la legislación española en materia de extranjería".

"Los hechos relatados, (...) en caso de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación", escribe el juez. La instrucción cita al Coronel Jefe el próximo día 3 de octubre, a las nueve de la mañana.

Desde la ONG Prodein, que ha denunciado estos hechos en repetidas ocasiones y uno de los denunciantes del caso junto con Andalucía Acoge y SOS Racismo, muestra su satisfacción por esta imputación a 20minutos. "Los jueces empiezan a aclarar este tema", asegura José Palazón, su portavoz en Melilla.

"El juez viene a decir que cuando un inmigrante está en la valla se le debe aplicar la Ley de Extranjería y eso no se está haciendo, por lo que es contrario a la ley", analiza. "Estos conceptos están muy claros, pero el Gobierno estaba jugando con ellos. Nosotros siempre hemos pensado que estas prácticas eran un delito de prevalicación y ahora los jueces se acercan a nuestro paracer".