La Fiscalía de Ourense recibió 17 denuncias por corrupción durante el año 2013, lo que supone un "aumento" que atribuye al "efecto llamada" provocado por la investigación abierta al expresidente de la Diputación José Luis Baltar, iniciado en 2012 y que supuso "un revulsivo en la vida político-social de la provincia".

Son datos de la Memoria de la Fiscalía de Ourense del pasado año, que consta de casi 200 folios en los que se desgranan los datos y claves del funcionamiento de todos los aspectos relacionados con la actividad de los fiscales en la provincia.

"Se observa un incremento de denuncias relativas a la corrupción política y en las administraciones y prueba de ello son las 16 denuncias por prevaricación administrativa y la querella por malversación", se recoge en el texto, en el que se interpreta que el caso Baltar ha provocado "una creciente confianza de la sociedad civil" en la Fiscalía.

En cuanto a las denuncias presentadas, en la memoria se detalla que siete de ellas fueron archivados y se destaca que uno de los denunciados fue el delegado provincial del Ministerio de Fomento, por "la presunta existencia de una trama de corrupción para contratar los servicios de conservación de las carreteras estatales".

En cuanto a la que alerta de un posible caso de malversación de caudales públicos, atañe a la "eventual utilización ilícita de fondos públicos por parte del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense".

Entre los temas de mayor presencia social, se encuentran las denuncias por la comercialización indebida de participaciones preferentes, de las que, en 2013, Fiscalía recibió dos "que fueron archivadas". En 2012, apunta, hubo más, que fueron remitidas a la Fiscalía Superior porque allí se centralizaron las actuaciones en esa materia.

Incendiarios conformes

En otro apartado, resalta que Ourense es la provincia que cuenta con el mayor volumen de asuntos sobre incendios forestales y que 20 de estos casos llegaron a juicio. De este total, 15 se resolvieron con sentencia condenatoria y los cinco restantes, con un fallo absolutorio.

La memoria destaca como "llamativo" el caso de incendio en el que un acusado fue juzgado por dos delitos continuados que supusieron en realidad la comisión de 21 incendios forestales. "Situación frecuente ésta de un solo autor para varios incendios aunque sólo se pueda acreditar o acusar de uno", añade.

En ese sentido, indica como reflexión, que el procedimiento de tribunal de jurado no es el adecuado en materia de incendios, pues en la mayoría de los casos la acusación sólo cuenta con indicios "y eso dificulta la valoración de la prueba por parte del jurado, lo que aboca a una sentencia absolutoria".

Además, se refiere a los detenidos y acusados por delito de incendio como "personas que padecen algún tipo de trastorno que perturba sus capacidades" y cuando una sentencia es condenatoria, no hay centros adecuados para el cumplimiento de la condena pues sólo existe, en toda España, uno en Foncalén (Alicante).

Carencias reiteradas

En el apartado de conclusiones, la Fiscalía pone de manifiesto el problema de la "falta absoluta" de personal y personal en el equipo psicosocial que elabora los informes derivados del derecho de familia, pues para toda la provincia de Ourense sólo cuenta con un psicólogo y un trabajador social.

Otra carencia, "injustificada" para el ministerio fiscal, es la ausencia de una oficina de atención a las víctimas, que son atendidas "por el fiscal al que acuden, pero lógicamente su debida atención no puede recaer sobre una sola persona".

Además, considera "especialmente sangrante" la situación de los juzgados que no están en la ciudad de Ourense por la falta de médicos forenses. "Son tan limitados en número que muchas veces hay que convertir en diligencias previas lo que podría ser un juicio rápido, si pudiesen intervenir de forma inmediata", subraya.

Y lo mismo ocurre con los peritos tasadores de daños, "muchas veces suplidos por la imaginación policial acudiendo a todo tipo de personas que puedan hacer una valoración", imprescindible para tipificar delitos y concretar responsabilidades civiles.

NÚMEROS

La memoria incluye datos de juicios rápidos, cuyo número se dobló desde 2008 y se estabilizó en 2013, con 1.049 por delitos contra la seguridad del tráfico, 208 por violencia familiar, seguidos de delitos contra el patrimonio y por quebrantamiento de condenas.

En relación a los tipos de delitos, los causados contra la propiedad centran el mayor número de condenas con prisión ya que fueron 68 —frente a las 40 del año anterior—.

El incremento se constata, sobre todo, en robos en casas habitadas pues en ese ámbito se pasó de dos condenas en el año 2011 a nueve en 2013, y en los robos con violencia e intimidación que pasaron de 20 en el año 2011 a los 36 de 2013.

En cuanto a violencia en el ámbito familiar, se tramitaron en la provincia durante 2013 un total de 792 casos, de los que 468 lo fueron específicamente relacionados con la violencia de género, cifras "notablemente inferiores" a las del año anterior. Las órdenes de alejamiento y protección pedidas fueron en total 290 de las que 257 fueron específicas por hechos de violencia de género. De ellas, se denegaron 68.

En cuanto a los casos con menores, la memoria detalla numerosas deficiencias por insuficiencia de personal y por falta de especialización en los fiscales sustitutos adscritos al servicio de menores. Este ámbito registró un descenso en el número de delitos, que fueron 343 frente a los 577 del año 2012.