Sobre las 21,30 horas de este miércoles los trabajadores afectados pro el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por 'Vinnell-Brown & Root Spain'(VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, han abandonado el encierro que comenzaron esta mañana en la Delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, después de que finalizara sin acuerdo el último encuentro del periodo de consultas del nuevo ERE.

En declaraciones a Europa Press, José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de VBR, ha explicado que los trabajadores que habían tomado la determinación de encerrarse en la Delegación han tomado la decisión de renunciar a esta iniciativa, después de que haya sido por una asamblea de la plantilla celebrada por la tarde y por el "desgastes" de unos trabajadores tras más de un mes y medio luchando contra su despido.

Rodríguez ha manifestado que, a la espera de que este jueves se cumpla con la formalidad de concluir la documentación del ERE, los trabajadores confían en la Justicia y en que ésta declare nulo este nuevo expediente. "Visto que el Gobierno de España no ha sido capaz de convencer al Gobierno de Estados Unidos para evitar los despidos, solo nos queda la vía judicial, que es independiente", ha criticado.

Recuerda que el comité de empresa que preside logró que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase no ajustados a derecho los 66 despidos del ERE de 2013, lo que da derecho a los trabajadores afectados a indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades, si bien la sentencia ha sido recurrido a la búsqueda de la nulidad de los despidos.

El periodo de consultas, y por ende la negociación, ha acabado "sin acuerdo" tras una última propuesta de la empresa sencillamente "insultante". "Ofrecían 6.000 euros lineales a cada uno de los afectados, además de las indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio con un tope de 12 mensualidades —lo mínimo que permite la legislación laboral, para evitar que fuésemos a juicio. Es insultante", ha dicho.

Rodríguez reconoce que la empresa puede ahora comenzar a consumar los 55 despidos planeados, aunque ha manifestado que VBR no ha aclarado aún cuándo hará efectivo este nuevo despido colectivo, el tercero que sufre la plantilla española de la base de Morón desde 2010.

El conflicto de la base

Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

El tercer ere

Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.