Las entidades de derechos de autor han hecho pública una información titulada "Los contenidos son el corazón de la Sociedad de Información" en la que expresan su postura ante lo que según ellos es "una campaña de falsedades que persigue el incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual".
Aunque no se especifican cuáles son esas falsedades, sí se afirma que el fin de las mismas es "expulsar a la cultura de la Sociedad de la Información". Con este tipo de manifestaciones las entidades gestoras dan a entender que el concepto de canon equivale al concepto de cultura, algo con lo que no están de acuerdo diversas asociaciones de usuarios y de fabricantes de dispositivos.
El manifiesto, suscrito por más de 200 entidades tanto españolas como extranjeras entre las que se encuentran la SGAE, CEDRO, DAMA o EGEDA, expresa así tanto su opinión sobre la negociación del nuevo canon como del resto de los interlocutores del proceso.
En concreto, el manifiesto se atreve a afirmar que los fabricantes de equipos y soportes "operan exclusivamente con la lógica económica", mientras que ellos (las entidades gestoras) "reinvierten íntegramente sus beneficios en la generación de riqueza". No obstante, las asociaciones de fabricantes aseguran que el nuevo canon que está en manos del gobierno en este momento podría llegar a duplicar el precio actual de algunos dispositivos digitales.
De hecho, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), denunció que ocho de las entidades de gestión de derechos de autor pugnaban por imponer una tasa denominada 'ultra-canon', que en algunos productos puede llegar al 100% del precio.
Algunas de las entidades que suscriben el manifiesto están permanentemente enfrentadas con otras organizaciones de usuarios como Todoscontraelcanon. A su vez, las entidades gestoras también mantienen una pugna abierta con los fabricantes de equipos informáticos, que no quieren que el canon se convierta en una forma de ingresos para paliar la piratería.
Estas entidades gestoras se definen en el manifiesto como "las organizaciones más representativas del tejido cultural español", y apelan al Gobierno a que tenga sus reivindicaciones en cuenta.
Pretenden posicionarse así como una alternativa a la que según ellos es la opción de los que están en su contra, que pretenden "convertir a la cultura en una mercancía blindada".
Este tipo de afirmaciones contrastan con los detalles que se revelación de la negociación, unos detalles que no dejaban en muy buen lugar a las entidades gestoras. Las entidades gestoras pretendían que se incluyese un canon en los GPS, PDA, impresoras o teléfonos móviles, entre otros, cuando la función principal de estos dispositivos no es la de reproducir contenidos protegidos por los derechos de autor.
El hecho de manifestar su "compromiso con el con el diálogo" ante la negociación del nuevo canon contrasta con las informaciones publicadas sobre la negociación previa, en la que no lograron ponerse de acuerdo con el resto de las partes para llegar a un acuerdo y llegaron a acusar a algunas de las partes de irracionalidad y deslealtad.
En este momento, la pelota se encuentra en el tejado de la Administración, que ha demorado su decisión alegando que se trata de un tema muy complejo. Los ministros de Industria y Cultura, Joan Clos y Carmen Calvo, han afirmado que no quieren precipitarse porque "al fin de al cabo, no debe ser fácil cuando ellos no se han podido poner de acuerdo".
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