El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha asegurado que si alguna familia afectada por las sentencias de derribo en Cantabria se queda "tirada" y sin una solución para su caso "se va a casa".

"Si una familia se queda tirada en la calle como estaban antes, yo me voy para casa. Yo lo que no voy a permitir jamás es que una familia de los afectados quede en la calle sin indemnización, sin que nadie se ocupe de ello. Eso no lo vamos a permitir bajo ningún concepto", ha asegurado Fernández.

Así se ha pronunciado el consejero en una rueda de prensa ofrecida junto al alcalde de Piélagos, Enrique Torre, un día después de que el Pleno de dicho ayuntamiento aprobase las autorizaciones por las que "provisionalmente" se "legalizan" las viviendas de la L05 y Entrelindes a la espera de ver si los tribunales las validan, algo de lo que se ha mostrado "convencido".

Respuesta a los afectados

En ese encuentro con los medios de comunicación, y en respuesta a las críticas de AMA, el colectivo que aglutina a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, el consejero ha afirmado que hasta la llegada del actual Ejecutivo regional (PP) esas familias se encontraban, a su juicio, "absolutamente desamparadas", sin que "ninguna" Administración se hiciera cargo de su situación y con "fecha para ser desalojados".

Ha señalado que ha sido el actual Gobierno de Cantabria el "único" que ha buscado una solución "a cada caso": legalizar las que se puedan y en las que esto no sea posible ofrecer a sus propietarios o bien una indemnización o bien que su vivienda sea sustituida sin coste por otra de similares características.

"Fijénse qué diferencia", ha afirmado el consejero en referencia a la situación actual y a la que, a su juicio, había cuando llegó. "Si mi familia estuviera en esa situación preferiría estar como están ahora".

Fernández ha señalado que antes de que concluya la legislatura el Gobierno de Cantabria quiere dejar "todo absolutamente amarrado" para que en la próxima se apliquen las diferentes soluciones: legalización definitiva a través de la concesión de la licencia a las viviendas en las que los tribunales acepten la autorización provisional; demolición de aquellas que no se puedan legalizar y su sustitución de éstas por otras o indemnización a aquellos que prefieran esa vía.

Así, el consejero ha señalado que en lo que queda del actual mandato —y a pesar de estar "absolutamente convencido" de que el PP gobernará en las próxima legislatura— el Gobierno de Cantabria quiere cerrar los acuerdos de sustitución de las viviendas a los propietarios de aquellas que deban ser derribadas.

Expediente de responsabilidad patrimonial de la arena (ARNUERO)

En el caso de las viviendas de La Arena, en Arnuero, ya se ha llegado "prácticamente" a un acuerdo, según Fernández, y se prevé iniciar el expediente de responsabilidad patrimonial "posiblemente en octubre" y tenerlo para, aproximadamente, marzo.

A continuación deberá aprobarse el Plan parcial y el proyecto de las viviendas que se van a construir en sustitución de las que se derriben.

Las viviendas de piélagos

En relación a esas viviendas, el consejero, en la misma línea que ya se pronunció este martes, se ha mostrado "convencido" de que las autorizaciones concedidas para Entrelindes y la L05 van a ser validadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y de que "va a prosperar" la legalización.

"No vemos forma jurídica de anularlas", ha dicho Fernández, que ha opinado que con las autorizaciones provisionales en estas dos zonas de Piélagos se da "estricto cumplimiento" a la sentencia que las anulaba la construcción ahí porque no era suelo urbano.

Ahora, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está tramitando el Ayuntamiento de Piélagos considera esos suelos urbanizables, lo que permitiría construir en esa parcela viviendas.

En ese sentido, el consejero ha señalado que el nuevo PGOU previsto para el municipio prevé la que, a su juicio, es la "mejor ordenación urbanística posible" para esos terrenos y para el "interés general".

Tanto Fernández como el alcalde, han señalado que ese nuevo PGOU tiene como finalidad la adaptación del municipio a la Ley del Suelo y han defendido no se elabora "ad hoc" para legalizar esas viviendas.

Además, el consejero ha señalado que, en el caso de que el TSJC no diera el visto bueno a estas autorizaciones, habría que demoler las viviendas para respetar la decisión judicial pero, a continuación, y una vez aporbado el PGOU, se construirían "exactamente las mismas viviendas" en los mismos terrenos.

El consejero ha señalado que el Gobierno regional hará extensiva esa forma de actuar en el resto de casos en que eso sea posible.

A pesar de ello, ha advertido del "coste enorme" que tendría para los cántabros que los tribunales mandaran derribar unas viviendas que, posteriormente, serían sustituidas por otras de las mismas características en los mismos terrenos. A su juicio, esto sería "difícil de entender y explicar" y "no sería justo".

Anulación de las cuatro licencias concedidas en argoños

Durante la rueda de prensa, el consejero ha dado a conocer que los tribunales han anulado las licencias concedidas a las cuatro viviendas del Camino del Portillo, en Argoños, que se legalizaron a través del estudio de detalle anulado a su vez, y conocido hace unos días, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.