El proceso inmigrantes se cierra con casi 700.000 solicitudes

El último e improrrogable día del 7 de mayo fue el de mayor recepción de peticiones (58.000) de un proceso que el ministro del ramo ha calificado de éxito y en el que se han superado las previsiones más optimistas, dado que el Gobierno calculaba que en España había 800.000 inmigrantes indocumentados trabajando en la economía sumergida.

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'Esto es el futuro. Es lo que va a hacer Europa a partir de ahora (vincular la inmigración con un contrato de trabajo)', dijo Jesús Caldera, titular del ministerio, en Madrid en rueda de prensa.

De la cifra total, un 3,1% de las solicitudes no fueron admitidas y casi un 9% está pendiente de algún certificado, lo que previsiblemente reducirá algo el total de inmigrantes 'con papeles' al final de proceso - que se calcula culminará en julio con la resolución de todos los expedientes. Hasta ahora se han resuelto el 31 por ciento de los expedientes.

'No creo que ningún país de la OCDE pueda demostrar que se pueda aflorar 700.000 puestos de trabajo ilegal en tres meses', dijo Caldera, añadiendo que este proceso había 'demostrado un comportamiento ético ejemplar de los españoles'.

'Me he encontrado con empresarios que me han dicho que se sienten mejor (con la legalización de sus trabajadores) y muchos, muchos inmigrantes me han dicho que por primera vez en años podrán ir a ver a sus hijos. Aunque sólo sea por eso ha merecido la pena', dijo.

El 60% de las solicitudes se han registrado entre Madrid, Cataluña y Valencia y entre las numerosas nacionalidades presentes en este proceso destacan por este orden Ecuador, Marruecos y Rumania, con el 50 por ciento de las peticiones.

INSPECCIONES Y REPATRIACIONES

Las altas en la Seguridad Social de los trabajadores extranjeros normalizados fueron en abril de 45.000 y a partir de ahora está previsto que aumenten de forma vertiginosa, lo que significará un inyección a las arcas públicas estimada en 118 millones de euros al mes.

A la cara más bondadosa del proceso - consensuado con empresarios, sindicatos, ONG's y partidos políticos menos el PP - se le opone a partir de ahora la menos agradable: la lucha contra el fraude entre los empresarios y la repatriación de los inmigrantes que no reúnan los requisitos para un permiso de trabajo.

Caldera anunció que habrá inspecciones de trabajo intensivas a partir de ahora - especialmente en aquellas zonas, como Ceuta y Melilla (66 y 215 peticiones), donde los resultados no han sido satisfactorias ni acordes con las previsiones - y que se repatriará de 'forma humanitaria' a los extranjeros que no puedan acogerse a ninguno de los supuestos de arraigo social o laboral que contempla el Reglamento de Extranjería.

Finalmente, la guerra de cifras de cuántos inmigrantes ilegales quedan en España tras este proceso es previsible que continúe en el futuro, con el PP diciendo que quedan 'un millón de 'sin papeles', un dato que niega el ejecutivo.

Según los datos del empadronamiento municipal a uno de enero de 2005, la población extranjera no comunitaria ilegal en España en edad de trabajar era de casi 1.160.000 personas. Si a esa cifra se aplica una tasa de actividad del 70% - objetivo de la Unión Europea - se estaría hablando de alrededor de 120.000 extranjeros en edad de trabajar aún indocumentados.

/Por Itziar Reinlein/