La Junta impulsará la formación de fiscales y de letrados del Consejo Consultivo de Andalucía en materia de ordenación del territorio y protección del patrimonio histórico y natural, según el convenio de colaboración que han firmado este viernes en Sevilla el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera; el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso.

En rueda de prensa tras firmar el convenio, De Llera ha destacado que "se trata de impulsar un mejor tratamiento jurídico y administrativo de la protección de estos valores esenciales de la comunidad y obtener una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos cometidos en estos ámbitos, que atentan contra un patrimonio de todos los andaluces, como cuando se provoca un incendio forestal, se registra un vertido contaminante o se realiza una construcción ilegal".

Según De Llera, las más de 250 denuncias interpuestas en el primer semestre de este año por la Unidad de Policía adscrita a la Junta por vulneración de la normativa medioambiental y de ordenación del territorio revelan la incidencia de este tipo de delitos, lo que ha supuesto la puesta a disposición judicial de 42 personas en Andalucía.

Esta iniciativa, ha recordado el consejero, viene a completar la labor que se lleva a cabo a través del Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial en Andalucía, en el que han participado cerca de 1.200 jueces y fiscales desde que se puso en marcha en 2003, a raíz de un acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta.

El convenio firmado permitirá a la Fiscalía acceder a los dictámenes elaborados por el Consejo Consultivo de Andalucía en materia de ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Según ha indicado De Llera, "con este convenio garantizamos que la información fluya de forma más rápida y efectiva y, sobre todo, ordenada. El acceso directo de los fiscales a los dictámenes del Consejo Consultivo repercutirá en beneficio del quehacer diario de estos profesionales y, a su vez, en el servicio que prestan a la ciudadanía".

El consejero ha subrayado que este convenio supone un paso más del Gobierno andaluz para seguir avanzando en la cooperación con todas las instituciones y estamentos judiciales para garantizar el cumplimiento de la legalidad y reforzar la protección de aquellos valores que son estratégicos para el futuro de Andalucía.

Plan de formación

La Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), va a impartir este año formación especializada a jueces y magistrados sobre cláusulas abusivas en hipotecas y otros contratos, una actividad novedosa dentro del plan formativo para estos profesionales que responde a un problema social y jurídico de gran actualidad.

Además de esta novedosa actividad, el plan contempla otras acciones de formación en la que participarán cerca de un centenar de jueces y magistrados en cursos que abordarán aspectos de actualidad en la jurisdicción civil y penal, así como la estancia para el conocimiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma.

De su lado, García Calderón ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio, ya que "en el desarrollo de nuestro trabajo hemos detectado que muchas veces las investigaciones judiciales centradas en casos de delitos urbanísticos tienen que ver con aquellos espacios que han sido dictaminados por el Consejo Consultivo; de hecho, el no seguir el dictamen vinculante del Consejo es un indicio de extraordinario valor de la comisión de un delito".

La loua

A su juicio, "los delitos vinculados con el urbanismo y la ordenación del territorio han sido una constante preocupación en Andalucía porque han constituido una verdadera lacra que ha hecho muchísimo daño a la región", por lo que "nos interesa mucho conocer de primera mano la interpretación que hacen los letrados del Consejo de la normativa autonómica".

"Poder conocer la interpretación que de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) hace el Consejo, poder tratar los fiscales especializados en medio ambiente y urbanismo con los letrados del Consejo y llevar a cabo ese intercambio de información en tiempo real, constituye algo muy importante", ha destacado.

Por último, Cano Bueso ha destacado también la firma de un convenio que busca "impedir, acosar y limitar estas actividades que tanto daño han hecho a los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia medioambiental y de ordenación del territorio y urbanística".