La medida anunciada este miércoles por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para promover que la policía tenga información sobre los trámites que se realicen en sede judicial, afectará a menos del 10% de las denunciantes de violencia de género, que son las que acuden directamente a los juzgados sin pasar por la policía, según las estadísticas oficiales.

En concreto, Mato comunicó el miércoles que se "impulsarán mecanismos de coordinación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentadas en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de la valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos".

Según las estadísticas que elabora trimestralmente el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial, estas denuncias presentadas en los juzgados suponían el 8,82% de las que impulsan las propias víctimas y el 0,24% de las instadas por terceros en el primer trimestre del año. En todo 2013 fueron el 9,82% y el 0,5%, respectivamente.

"Está muy bien que coordinemos ese 10%, pero tiene que haber más medidas de coordinación y se tiene que hacer más", señala  la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice. La especialista en violencia de género dice que "se agradece la coordinación pero se espera que también afecte a más extremos, porque son muchas más las medidas que necesitan de coordinación y que deben adoptarse tanto por Policía como por juzgados y tribunales".

Erice reconoce que "se han detectado disfunciones en el funcionamiento de este tipo de medidas y hay que hacer propuestas para avanzar", pero incide en que son "muchas las mejoras que hacer y hay que ponerse rápido a propiciarlas". "Una de esas medidas puede ser la remisión directa a la policía de los partes que se reciban en los juzgados, pero tiene que haber más", plantea.

En cuanto a la intención de que la Policía realice una evaluación del riesgo en todos los casos, la magistrada explica que "los agentes en un primer momento hacen sus valoraciones y son muy respetables, pero se precisa una prueba de mayor calidad". "Hay profesionales que aquilatan este tema como un policía no puede hacer porque no tiene cualificación para ello. Los agentes tienen una finalidad, los forenses, los psiquiatras y los médicos, otra", señala.

En este sentido, recuerda que "en muchos sitios" siguen sin haberse implantado las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la ley precisamente para evaluar tanto a la denunciante como al denunciado y a sus hijos menores si los hay, y elevar al juez un informe detallado sobre la situación y la magnitud del peligro al que se enfrentan las víctimas.

"Las posibilidades de acierto en las medidas con una ley de este tipo están directamente relacionadas con la calidad de prueba que tengamos. Si la calidad es pequeña, el fallo será mayor", señala, en relación a la "calidad" de las evaluaciones de las víctimas que utiliza el juez para adoptar su decisión. "Creo que tanto en los atestados policiales como en los juzgados deben aquilatarse cuáles son los medios probatorios que se están llevando y cuáles no, y ver qué se puede mejorar", ha añadido.

Erice comenta además otro asunto, y es sobre el guión que sigue el Gobierno contra la violencia de género. "No conocemos todavía el orden de prioridades que existe. Es muy importante en las reuniones de coordinación el establecimiento de todas las medidas y luego priorizar unas sobre otras, pero no sé si eso se ha hecho. Creo que la coordinación es muy importante pero no sé qué medidas se han acordado y con qué prioridades. Quiero pensar que son muchas más las medidas adoptadas de las que se nos anuncian", apostilla.