La ley no permitirá, no obstante, el bloqueo de contenidos a instancias de las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, cuando consideren que un contenido aparecido en la Red es ilícito, un posibilidad que se había llegado a contemplar en el anteproyecto de la ley y que ha sido finalmente retirada.
'Sólo los órganos jurisdiccionales competentes podrán autorizar la restricción de páginas en Internet', se lee en las referencias del Consejo de Ministros.
Las principales novedades de la norma se dirigen a la eliminación de barreras y a la expansión y uso de las tecnologías.
En este sentido se impulsará el comercio electrónico y el uso generalizado de la la firma electrónica, dos piedras angulares para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
'Internet, en definitiva, permite que en las relaciones económicas la respuesta de la oferta a una demanda concreta se realice con agilidad y reduciendo al mínimo los obstáculos burocráticos. Aprovechar ese potencial es el principal objetivo de esta ley', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial semanal.
La futura ley exigirá, además, que las nuevas obras de infraestructuras prevean la conexión con redes de telecomunicaciones para evitar las caídas en el servicio, y hacer más accesible a Internet a las personas de edad avanzada y a los discapacitados, entre otras cosas.

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