El presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros tres altos cargos de la línea aérea declaran hoy, viernes, como imputados por un delito de estafa ante la Audiencia Nacional.
Junto a Carrillo se presentan ante el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional el adjunto a la presidencia de la compañía, Julio Miguel Martínez Sola; la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar Bravo y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau Romero.
El juzgado ha imputado por un delito de estafa a los citados directivos de Air Madrid, tras el auto dictado en diciembre de 2006 por el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, en el que se declara competente para investigar la denuncia presentada el día 15 del mismo mes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la línea aérea por los delitos de "estafa y fraude a los consumidores".
La OCU basó su denuncia en "unos indicios" que apuntaban a que la compañía seguía vendiendo sus billetes a sabiendas de que iba a cerrar sus operaciones, dejando en tierra a miles de personas, en su mayoría inmigrantes de vacaciones en sus respectivos países, sin poder volver a España.
Según explicó ayer el presidente de la OCU, José María Múgica, al ser su demanda la primera en presentarse, se considera principal, por lo que el resto de denuncias, incluida la de la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y 200 individuales más, se incorporan a la de la OCU, salvo que el juez decidiera lo contrario.
La imputación por un posible delito de estafa declarada por el juez Fernando Grande Marlaska, del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, confirma la sospecha inicial de la OCU y muestra que "lo que eran sólo unos indicios resultan tener suficiente fundamento para ser tomados en serio", declaraba Múgica el pasado 3 de abril, tras conocer la noticia.
Le retiraron la licencia
El Ministerio de Fomento retiró la licencia de funcionamiento a Air Madrid en diciembre pasado, después de que la compañía madrileña incurriera en repetidos retrasos de sus vuelos.
Ante la retirada de la licencia, la compañía decidió de forma unilateral cancelar todas sus operaciones y presentar suspensión de pagos, lo que dejó a miles de damnificados sin poder viajar en plenas vacaciones navideñas.
En paralelo al procedimiento penal de la Audiencia Nacional, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid tiene abierto el concurso de acreedores de la compañía desde el pasado día 11 de enero.
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