España ha tirado por tierra la mejoría que encadenaba en la lucha contra la violencia machista. A fecha 1 de septiembre, amigos y familiares han tenido que enterrar a 41 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto supone siete fallecidas más que en el mismo período de 2013 y el peor registro desde 2010, cuando el Ministerio de Sanidad contabilizó 45 víctimas.

Desde entonces, el número de vidas perdidas había descendido a 40 en 2011 y 34 en 2012. Ahora, con cuatro meses por delante hasta el final del año, los expertos ven factible superar las 52 muertes de 2013, en lo que sería el segundo ascenso consecutivo desde 2011. Hasta 24 menores han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes cometidos desde el mes de enero.

La última víctima, de 57 años, recibió una puñalada en el cuello a manos de su yerno en Arganda del Rey (Madrid). La hija de esta —y novia del agresor, ya detenido— permanece ingresada en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón por varias heridas de arma blanca en tórax y brazos.

El asesinato de cinco mujeres durante los últimos siete días ha convertido la recta final de las vacaciones en una "semana negra" que ha avivado la discusión sobre la protección de las agredidas. En total, ocho mujeres han muerto sólo durante agosto, más de la quinta parte del total y más de la mitad de todo el verano (14).

De las 41 fallecidas hasta el momento, solo 11 había denunciado, es decir, el 27% del total. Dos habían retirado la acusación. En 27 casos agresor y víctima eran pareja. En 26 vivían bajo el mismo techo y solo en 13 se habían separado.

Las discusiones entre expertos, académicos, políticos y asociaciones especializadas empiezan aquí. "La mirada patriarcal invisibiliza las raíces del problema y lo traduce en términos policiales y judiciales", reseña María José Gámez Fuentes, doctora en Teoría Crítica y Estudios Culturales y profesora de la Universidad Jaume I (Castellón).

Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, admite que las campañas públicas contra el maltrato están enfocadas hacia la denuncia porque este es un paso fundamental, aunque no sea el único recurso disponible: "Pueden informarse, pueden pedir ayuda especializada y pueden acudir a la red de casas de acogida creada a nivel nacional sin siquiera denunciar, pero lo importante es que ellas o sus familiares rompan el silencio. Hoy, solo el 1,5% de las denuncias las presentan personas vinculadas a la afectada".

"Trabajamos para que cualquier núcleo de profesionales, como los sanitarios, los farmacéuticos o los sindicatos, denuncie", insiste la representante del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué el número de víctimas que acude a las autoridades sigue siendo bajo?

Sagrario Mateo, mujer maltratada y que puso en marcha la primera asociación de Navarra en defensa del colectivo (Aprodemm), acumula experiencias en este sentido: "Por un lado, tienen miedo y piensan que no les van a creer. Si denuncian y no consiguen una medida de alejamiento, pueden verse obligadas a convivir con su agresor. Otras piensan que la detención de su pareja es algo excesivo, así que deciden aguantar".

En su opinión, el Gobierno debe reenfocar el problema y hacer entender a las mujeres que están protegidas. Sin embargo, hay datos que contribuyen a tener una visión negativa. Entre ellos, que solo 711 de los 3.000 brazaletes de alerta adquiridos por el gobierno socialista en 2009 estén activos, como publicó 20minutos. O que haya comunidades como Cataluña o Madrid donde se deniegan el 63% y el 55% de las órdenes de protección solicitadas, respectivamente.

El 7 de abril, tras un nuevo repunte de casos, el Gobierno anunció una reunión interministerial para tomar medidas urgentes. Ana Mato (Sanidad e Igualdad), Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia) y Jorge Fernández Díaz (Interior) pusieron sobre la mesa una serie de actuaciones para mejorar la atención a las víctimas. Hoy, cinco meses después, ninguna está en marcha.

El nuevo formulario para valorar los factores y nivel de riesgo de cada mujer se está testando en la Universidad Autónoma, según la delegada del Gobierno. El desembarco de especialistas en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil no se ha producido. La Ley de Infancia, la del Poder Judicial, el Estatuto de la Víctima y la reforma del Código Penal se encuentran en tramitación.

Estas modificaciones obligarán a los magistrados especializados pronunciarse sobre la custodia cuando haya hijos y les permitirá instruir delitos contra la intimidad o el honor de las víctimas, que tendrán su mano la posibilidad de recurrir la concesión de beneficios penitenciarios a los acusados.

"Además, estamos estudiando las denegaciones y dando a conocer los brazaletes a los jueces cómo medida de protección. No podemos dar la sensación de que no estamos trabajando, porque lo hacemos todos los días, pero las cosas requieren su tiempo. ", reivindica Hernández.

Mª Ángeles de Pablo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, va más allá. "El problema no es la ley, sino las personas que la aplican. Jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad y abogados deben concienciarse, pero no solo. El machismo permanece. Eliminar los estereotipos sobre hombres y mujeres es una lucha a largo plazo de toda la sociedad. Sin eso, no hay nada que hacer", sentencia.