Imputados ocho exdirectivos de Caja España y Caja Duero por la venta de preferentes

  • El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha llamado a declarar a los presidentes, directores financieros y directores comerciales de ambas entidades.
  • Se les investiga por estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
  • La querella fue interpuesta por la Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha.
Afectados por las preferentes protestan en los alrededores de la Audiencia Nacional.
Afectados por las preferentes protestan en los alrededores de la Audiencia Nacional.
EFE/CHEMA MOYA
Afectados por las preferentes protestan en los alrededores de la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado como imputados a los máximos dirigentes de Caja España y Caja Duero por la presunta comisión de delitos de  estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas en la venta a clientes de deuda subordinada y participaciones preferentes durante los años 2009 y 2010.

Mediante la providencia dictada este miércoles, Velasco formaliza los interrogatorios de Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivos presidentes de las entidades en ese momento. También llama a declarar a Javier Ajenjo y Lucas Fernández, ex directores generales; a los directores financieros Antonio Fernández Fernández y Arturo Jiménez; y a Óscar Fernández Huerga y su homólogo en la dirección comercial en Caja Duero.

Todos ellos desfilarán por el Juzgado Central de Instrucción número 6 los días 22 y 23 de octubre para explicar el proceso de venta de estos productos, destinado a capitalizar las cajas, hoy fusionadas en el Banco Ceiss.

En su providencia, Velasco también requiere diversa documentación a Caja España de Inversiones, Caja Duero y Banco CEISS, así como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al AIAF, el mercado de referencia para la deuda corporativa o renta fija privada.

"Perjuicio" para los clientes

La resolución judicial es consecuencia de la decisión adoptada el pasado mes de julio por  la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que admitió un recurso contra la decisión inicial del magistrado de archivar el procedimiento, iniciado gracias a la querella presentada por la Unión de Consumidores de Castilla La-Mancha.

En concreto, la Sala ordena investigar las preferentes y productos similares para determinar si su comercialización tenía como objeto captar activos de clientes minoristas no especializados y convertir sus depósitos en pasivo para "poder retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades" y "enmascarar" la situación "difícil" que atravesaban, "a costa y en perjuicio" de sus clientes. A juicio del organismo, tanto las obligaciones preferentes como la deuda subordinada son productos "complejos" que las entidades vendieron de forma "masiva" para obtener liquidez.

Órdenes de la Dirección

Como ha señalado en otros casos, este tribunal cree que los empleados de las sucursales se limitaban a vender los productos siguiendo las instrucciones de los órganos directivos. Si omitieron información o el inversor cree que fue engañado, parece "lógico pensar" —argumenta— que actuaban según unas directrices. No obstante, recuerda que los perjudicados pueden acudir a la vía civil o penal de los tribunales territoriales donde se encuentran esas oficinas bancarias.

Caja España realizó dos emisiones de participaciones preferentes: el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones. Ofreció un tipo de interés del 5,15 y del 8,25%, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral. Caja Duero también realizó dos emisiones: una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009. Esta última tuvo un importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75%. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral.

Ambas entidades hicieron llegar a sus clientes las emisiones, comercializando éstas a través de sus redes de oficinas. Sin embargo, fue el 5 de febrero de 2013 cuando Banco Ceiss, heredero de ambas entidades, puso en conocimiento de la CNMV la imposibilidad de abonar los cupones emitidos.

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