Fiscalía acusa de prevaricación al actual alcalde y al anterior por las subvenciones a una asociación deportiva

La Fiscalía del Principado de Asturias presentará una querella contra el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, y contra su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, ambos del PSOE, por un presunto delito de prevaricación, en la concesión de continuada de subvenciones municipales a la Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte sin supuestamente cumplir los requisitos legales que rigen este tipo de ayudas.

La Fiscalía del Principado de Asturias presentará una querella contra el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, y contra su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, ambos del PSOE, por un presunto delito de prevaricación, en la concesión de continuada de subvenciones municipales a la Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte sin supuestamente cumplir los requisitos legales que rigen este tipo de ayudas.

Fue el PP el que puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. La diputada del PP en el Junta General, Enma Ramos, así como los concejales de este partido en el ayuntamiento allerano, Juan Sutil, y Antonio del Peño, han dado a conocer la resolución este miércoles en una rueda de prensa.

Según explica la Fiscalía en su documento, primero Villalta y posteriormente Bobela (alcalde desde 2011), concedieron subvenciones a esta asociación, que había sido creada en 1995. Hasta 1997, las ayudas estuvieron enmarcadas en un convenio prorrogado, pero a partir de este año fue por resoluciones de la alcaldía "mensualmente". El escrito critica que no se realizó ninguna convocatoria pública para acceder la mencionada subvención, no se acreditaban los requisitos exigidos para la concesión directa, no estaba acreditado por parte de la asociación el no estar incursa en prohibiciones al corriente de pagos ni tributos, no había un control eficaz de estos fondos municipales y no había una adecuada justificación del gasto por parte de la beneficiaria. Todo ello, además de la ausencia de convenio.

Fiscalía señala que estos "flagrantes incumplimientos" fueron advertidos por parte de la secretaria y la interventora municipales, pero los alcaldes dictaron su resoluciones favorables.

La ayudas alcanzaron los 48.690 euros en 2011, 56.477 en 2012, 59.389 euros en 2013 y 11.999 en 2014. La Fiscalía cree que se trata de un delito de prevaricación y traslada los hechos al juzgado de Pola de Lena.

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