La Asociación de Radio Taxi Valme, perteneciente, Dos Hermanas (Sevilla), presentará en septiembre alegaciones ante el expediente sancionador que ha incoado en su contra el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), por posibles infracciones de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, según han informado fuentes de la Asociación de Radio Taxi Valme a Europa Press.

Y es que en un comunicado, la Agencia había señalado que las posibles conductas anticompetitivas consisten en "supuestas actuaciones encaminadas a limitar la oferta de la prestación de servicios en el mercado, a establecer precios para la prestación de determinados servicios o a impedir la competencia entre los asociados y la asociación y entre los asociados entre sí".

Los hechos denunciados comenzaron a investigarse a finales de 2013, a instancias de la denuncia presentada por uno de los taxistas de la asociación. El análisis de la información recabada ha permitido a Competencia andaluza encontrar "indicios racionales" sobre la realización por parte de Asociación de Radio Taxi Valme de Dos Hermanas de conductas que serían contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Dicho artículo de Defensa de la Competencia prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

El procedimiento sancionador se rige por lo establecido en la citada Ley 15/2007, y se fija en 18 meses la duración máxima. El departamento de investigación, en la actual fase de instrucción, podrá llevar a la práctica cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades.

Terminada la fase de instrucción, el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. En caso contrario, se archivarían las actuaciones, ya que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.