El TS aplica este criterio al confirmar varias sentencias dictadas en 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que amparaban a inmigrantes contra los que se habían dictado órdenes de expulsión de España solo por estar en el país de forma ilegal. El Supremo recuerda que la

El Alto Tribunal coincide con el TSJC que eso exige que la Administración motive cuáles son las razones "de daño o riesgo" por las que considera más oportuna la expulsión del extranjero, ya que la permanencia ilegal "es castigada simplemente con una multa".

En uno de los casos, la Delegación del Gobierno en Cantabria alegaba que el extranjero al que pretendía expulsar había sido detenido en una ocasión por un delito de receptación.

Sin embargo, no aclaraba en qué había quedado esa detención. De hecho, el TS le reprocha que no se haya "cuidado de averiguarlo".

En otro de los supuestos amparados por el TSJC, se decía que la inmigrante expulsada ejercía "una actividad profesional -camarera de alterne- sin las autorizaciones administrativas necesarias".

El Supremo subraya, en este caso, que no "es obstáculo" para aplicar sus razonamientos sobre esta cuestión el hecho de que la actividad profesional de esa mujer "fuera el llamado 'alterne', pues una jurisprudencia consolidada, plasmada en multitud de sentencias, ha declarado que ésa es una actividad lícita como medio de vida".

De modo, añade, que "no cabe extraer de la misma ninguna connotación desfavorable de cada a la graduación de la sanción, más aún, cuando no consta en el expediente ningún otro dato relativo a las circunstancias del desempeño de esa actividad que pudiera justificar una reconsideración de la cuestión".