La Junta de Castilla y León promoverá el agrupamiento de propiedades forestales para luchar contra el minifundismo y el abandono de terrenos, para lo cual iniciará entre 4.000 y 5.000 procesos durante los próximos diez años.

Este es el plazo que se ha fijado el Gobierno regional, consciente de la "complejidad" y "dificultad" del proceso, según ha reconocido su director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, quien ha presentado este lunes en Valladolid el Estudio de la Propiedad Forestal en Castilla y León.

De éste se desprende que la región cuenta con 719.039 propietarios forestales que poseen una media de 6,73 hectáreas, aunque la distribución varía en función de las provincias, las más septentrionales de las cuales tienen una mayor fragmentación que las meriodionales.

Así, Burgos se sitúa como la más fragmentada, seguida de León, mientras que Salamanca se coloca a la cabeza de la situación contraria. En concreto, la división afecta al doce por ciento de la superficie forestal de Castilla y León, dentro de lo cual cabe destacar que existen más de 700.000 propietarios particulares que son titulares de una superficie media de 3,1 hectáreas.

Sin embargo, la mayor parte de la superficie forestal, 3,7 millones de hectáreas, están distribuidas entre 8.000 propietarios, de los que 3.400 son entidades locales y 4.600, particulares. Según ha subrayado Arranz en declaraciones recogidas por Europa Press, ésta es "susceptible de una gestión adecuada y económicamente viable".

Agrupación de propiedades

Por ello, ha defendido la agrupación de propiedades, de manera que, aunque cada propietario mantenga la titularidad de su parcela, se gestionen de modo conjunto. Con ello se pretende evitar la atomización de terrenos y el abandono de los mismos, ya que en muchos casos pertenece a personas que residen lejos y que no muestran interés por los mismos. José Ángel Arranz ha advertido de los problemas que genera el abandono, como el incremento de incendios forestales, al tiempo que ha recordado que en regiones como Galicia se obliga a los propietarios al mantenimiento de los montes, so pena de sanciones.

En este sentido, ha abogado por que en cada municipio se potencie el proceso de agrupación y concentración, algo "más sencillo que la concentración parcelaria hecha en la superficie agrícola", de manera que, si bien no se obligará a tomar parte de él, sí se adoptarán fórmulas para evitar que la pasividad o rechazo de un propietario frente la operación, el cual sería responsable posteriormente de los incendios u otros perjuicios que se generaran.

No obstante, el director general ha confesado que el éxito en cada municipio del proceso dependerá en buena medida de la implicación de cada alcalde, por lo que ha avanzado que la Junta se apoyará en las entidades locales y asociaciones de propietarios para llegar hasta ellos e incentivar la incorporación al nuevo modelo.

Actualmente, la ley ya impide que en operaciones de compra-venta puedan disgregarse parcelas de menos de 25 hectáreas, a fin de evitar una mayor fragmentación de las propiedades.

La superficie forestal de Castilla y León asciende a 4.838.441 hectáreas, que representa el 51 por ciento del territorio, lo que la convierte en la comunidad autónoma de España con mayor superficie forestal, con un porcentaje territorial superior a la media europea y mundial. La provincia con mayor superficie forestal y número de propietarios es León, con más de un millón de hectáreas, y la menor, Valladolid, con 150.000 hectáreas.

Mayor propiedad pública al norte

Según los datos del estudio, el 55 por ciento de la superficie es de propiedad pública y el 45, privada, en línea con la media europea. En el norte de la región predomina la propiedad pública de los terrenos, cerca del 80 por ciento en el caso de León. Por su parte, las provincias del centro tienen unos porcentajes de propiedad más equilibrados y conforme se avanza al sur predomina la propiedad privada en las provincias con dehesas -Ávila y Salamanca especialmente- donde el 82 por ciento de los terrenos corresponden a propietarios privados.

Los ayuntamientos, juntas vecinales, comunidades de villa y tierra y otras entidades públicas son los principales propietarios forestales de la Comunidad. En total, constituyen 5.405 titulares que poseen más de 2,6 millones de hectáreas. El tamaño medio de estas propiedades es muy próximo a las 500 hectáreas. Los montes de mayor entidad se sitúan en la provincia de Soria y los más pequeños en Valladolid. El mayor propietario de Castilla y León es la Junta, con más de 90.000 hectáreas.

El grueso de la superficie forestal pública, el 68 por ciento, está declarada de Utilidad Pública y es gestionada de común acuerdo entre las entidades propietarias y la Junta de Castilla y León. Por su parte, la Junta de Castilla y León gestiona dos millones de hectáreas, más del 40 por ciento de la superficie forestal que, además, produce el 75 por ciento de la riqueza y el empleo que proporcionan los montes. A través del Programa de Movilización de Recursos Forestales, la Junta de Castilla y León pretende movilizar el 60 por ciento de la superficie forestal restante, propiedad de entidades locales y de titularidad privada.

Este estudio ha durado ocho años y ha tenido un coste de 360.000 euros sufragado a partes iguales entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el objetivo de "mejorar la gestión de los montes tanto públicos como privados".

Para realizar el informe se han utilizado los datos del Mapa Forestal de España, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) y el Catastro. Los titulares de la propiedad se han clasificado en públicos y privados y en categorías menores en función de la administración titular, del número de titulares y de la condición de persona física o jurídica.

Cartografía de la propiedad

Mediante este trabajo se ha obtenido una cartografía de la propiedad forestal autonómica por provincia y término municipal, así como una base de datos del parcelario forestal con más de diez millones de registros. Sólo ha quedado sin clarificar un dos por ciento de la superficie forestal de Castilla y León.

José Ángel Arranz ha defendido la necesidad de este estudio porque, según sus palabras, "en pleno siglo XXI la propiedad forestal no se conoce en España ni en Europa", al contrario de lo que ocurre con la superficie agrícola, de cuya propiedad "sí se conocen más detalles".

Por ello, el Gobierno autonómico contempla también, de cara al futuro, la creación de un registro de la propiedad forestal que permita mantener relaciones "más fluidas" con los propietarios y combatir la existencia de terrenos ociosos pendientes de gestión.