El Gobierno de Canarias "va a hacer todo lo que esté a su alcance" para tratar de impedir que se lleven a cabo finalmente las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas cercanas a las islas,  ha asegurado su consejera de Industria, Francisca Luengo (PSOE).

"La misión fundamental, cuando se gobierna, es defender los intereses de Canarias y de los canarios, no de una empresa privada como es Repsol. Y los intereses generales pasan en este momento, en Canarias, por defender, por los caminos que nos ofrece el ordenamiento jurídico, el no a las prospecciones petrolíferas", ha declarado Luengo.

Según Luengo, la resolución del Ministerio de Industria "exige una explicación" al ministro. Soria "tiene que explicar por qué y a cambio de qué se empeña en favorecer a Repsol, a una empresa privada, en contra de todos los que habitamos en el archipiélago canario".

Francisca Luengo ha sostenido que esa explicación es necesaria porque "el único beneficiario de los recursos, si es que los hay, es una empresa privada, frente a todo un archipiélago, frente a toda una población que, de tener algo, tendrá los posibles perjuicios, los posibles vertidos o las posibles consecuencias negativas" de esos sondeos y de la eventual extracción de hidrocarburos.

La consejera ha insistido en cuestionar la legitimidad de la actuación de Soria, señalando que desde que tomó posesión como ministro "trajo dos encargos y los hizo de manera inmediata": el primero de ellos "acabar con las energías renovables", con "una política contraria a lo que se había hecho hasta ese momento", y el segundo, autorizar los proyectos de Repsol.

El secretario de Organización del PSOE canario, Julio Cruz, ha considerado que hoy es un día "negro" para las islas y ha acusado al PP "de vender a Canarias" tras autorizar el Ministerio de Industria la realización de sondeos petrolíferos en aguas cercanas al Archipiélago.

Cruz ha afirmado que de llevarse a cabo estos sondeos se producirá un cambio radical en el futuro de Canarias al tiempo que ha opinado que con esta autorización se ha puesto en riesgo el desarrollo económico y social del Archipiélago.

"Si se produce un vertido, las consecuencias serán incalculables", ha dicho el dirigente del PSC-PSOE, quien ha insistido en que con esta autorización han triunfado los intereses de un consejo de administración de una empresa sobre los de las instituciones canarias y los ciudadanos.

Cruz ha insistido en que los intereses canarios han quedado postergados por otros particulares y ha criticado que se haya producido en el mes de agosto "con traición y oscurantismo".

Además, el secretario de Organización del PSOE canario ha lamentado el trato discriminatorio que, en su opinión, se ha tenido con Baleares y ha agregado que el PP de Canarias ha demostrado "que es una sucursal" que no tiene ningún tipo de interés en Canarias.

Ha adelantado que no se descartan ningún tipo de medidas y ha anunciado que se estudiarán todas las medidas políticas y jurídicas para evitar que se lleven a cabo los sondeos.

Las cinco principales ONG medioambientales han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan la autorización y anuncian un recurso ante los tribunales.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han advertido de que recurrirán la decisión administrativa ante los tribunales españoles y los europeos.

Según estas organizaciones, el proceso para emitir la autorización ha sido "notoriamente irregular" con una tramitación "plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido", lo que ha impedido "una verdadera y transparente" participación en el proceso.

Como ejemplo de esta queja, las oenegés recuerdan la "nueva y abundante" documentación aportada por Repsol al expediente el pasado 10 de julio "sin tiempo" para ser analizada.

También afirman que el proyecto "ignora" información científica "crucial" sobre los valores naturales del área o el posible impacto sobre sectores de importancia social y económica en el archipiélago como la pesca, el turismo e incluso el abastecimiento de agua potable en las islas orientales, que depende de la desalinización del agua de mar.

Además, acusan al Ministerio de Industria de tener redactada la autorización a las prospecciones antes de que se abriera el plazo para recibir alegaciones de las partes interesadas.

Las organizaciones medioambientales consideran que "los principales responsables" de la administración central han apoyado "siempre" los intereses de la multinacional Respsol "en contra de los intereses generales, la opinión científica y la voluntad del pueblo y las instituciones canarias".