El comité de empresa de la Agencia Tributaria de Madrid ha denunciado que el Ayuntamiento de la capital ha embargado las cuentas de algunos vecinos que habían solicitado, durante el periodo de pago voluntario, el aplazamiento o el fraccionamiento de sus impuestos y tasas municipales.

Fuentes sindicales aseguran que los contribuyentes solicitan el fraccionamiento de pago y, en lugar de autorizarles, o no, sin respuesta alguna, a los 6 meses la Agencia Tributaria les manda una nota de embargo.

Esta situación se produce por la demora municipal en la concesión de la autorización, consecuencia de "la falta de personal y medios técnicos donde se efectúa el fraccionamiento de pago".

"Además, la situación no tiene visos de solución, ya que los responsables de la agencia no tienen ninguna intención de cubrir los puestos de trabajo que hacen falta para tramitar los fraccionamientos de pago", agregan las mismas fuentes.

Desde el Consistorio señalan que todo ha sido por un error administrativo, que se han producido "casos muy puntuales" y que cuando la Agencia Tributaria ha tenido conocimiento de estas situaciones se han "subsanado".

Fuentes municipales indican que a raíz de la crisis económica en los últimos años se ha producido una "avalancha" de peticiones para realizar el pago fraccionado de tributos y que algunas de esas solicitudes se concentran en los últimos días del periodo de pago voluntario.

En este sentido y tras reconocer que ha habido alguna notificación de embargo mediante vía de apremio, las fuentes municipales consultadas detallan que cuando esas personas se han puesto en contacto con la Agencia Tributaria "se ha subsanado el problema".

Sí reconoce el Ayuntamiento de Madrid que se ha producido "algún caso" de embargo en el periodo ejecutivo, momento en el que finaliza el periodo de pago voluntario y a partir del cual la administración puede iniciar las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de la deuda.

Fuentes municipales precisan que en el periodo ejecutivo "no existe la obligación de parar el procedimiento de apremio" —como sí ocurre en el periodo de pago voluntario—, aunque la administración no le haya comunicado a la persona correspondiente la resolución de su solicitud, tal y como recoge el artículo 65.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Según cálculos sindicales, hay miles de expedientes en el periodo ejecutivo pendientes de resolver y ya se han producido numerosos embargos. "Es una situación inaceptable. No podemos tener un retraso de seis meses en la resolución de las solicitudes y perjudicar de forma tan grave al ciudadano".