La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) insiste en seguir llevando a cabo iniciativas dirigidas a luchar contra el intrusismo "de un servicio que no puede permitirse ser prestado sin unas exigencias mínimas de profesionalidad y control", ha expresado en un comunicado.

Unas prácticas, en concreto las relacionadas con la aparición en los últimos tiempos de procedimientos de concurso y adjudicación de servicios públicos de asistencia a personas en situación de dependencia y servicios sociales, "que se han convertido en una mera subasta, priorizando el precio más bajo, en muchos casos inferior al propio coste, incluso laboral del servicio profesional, en detrimento de la calidad asistencial y sin valorar la vulnerabilidad del colectivo beneficiario del mismo", ha subrayado.

La directora general de Aerte, María José Mira, ha apuntado que una infradotación económica "lleva no sólo a la pérdida de viabilidad de la ejecución del contrato, sino a la vulneración de los derechos sociales de los trabajadores; al deterioro irreversible de las instalaciones por falta de mantenimiento e incluso, en algunos casos, a la más que probable carencia de materia prima y suministros —alimentos, energía eléctrica, agua—, que obligarán a un estricto control por parte de unas Administraciones Públicas conscientes de que están exigiendo un servicio cuyo coste no paga".

Además, Mira ha señalado que a pesar de las dificultades presupuestarias, la Administración "debe garantizar la correcta ejecución de los servicios sociales públicos teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los colectivos a los que se dirigen este tipo de servicios —no sólo personas en situación de dependencia, sino también mujeres con riesgo de exclusión social o menores—". De esta forma, "no podemos sino exigir que los procedimientos de contratación pública velen por preservar la calidad asistencial cumpliendo con toda la normativa afectada y no queden supeditados fundamentalmente a criterios económicos", ha dicho.

En ese sentido, Aerte propone algunos elementos fundamentales para preservar la calidad de los servicios, entre los que destaca tener en cuenta las necesidades asistenciales reales de las personas atendidas; garantizar una plantilla de personal profesional y contratado bajo el paraguas de la legalidad laboral; valorar la capacidad técnica de las empresas prestadoras de los servicios, así como sus sistemas de calidad, innovación, etc; controlar el cálculo real de los costes de funcionamiento del servicio en las debidas condiciones de calidad; limitar las bajadas en la oferta económica de forma que por debajo de una cantidad no sea posible desarrollar el servicio en las condiciones necesarias; velar por el respeto de los derechos y condiciones laborales en base a la normativa laboral sectorial existente en cada caso, o asegurar mecanismos de control y seguimiento que permitan comprobar la prestación de servicio en las condiciones fijadas en el contrato y cumpliendo con la legalidad.

Modelo de plazas concertadas

Aerte ha recordado que colabora con Bienestar Social para agilizar la implantación de un modelo "más equitativo" de concertación de plazas y mantiene diferentes líneas de comunicación para abordar la implantación de aquellos mecanismos que agilicen la puesta en marcha de un nuevo modelo de plazas concertadas donde todos los centros pueda tener la oportunidad de acceder en igualdad de condiciones, en el que prime el equilibrio y la equidad. Y, de esta manera, que sea también las personas que necesitan asistencia o sus familiares los que puedan escoger dónde desean ser atendido en aquellos servicios y cuidados que les corresponde por ley.

La asociación espera que para el último trimestre del año, Bienestar Social pueda remitir al sector un primer borrador del convenio que permita el desarrollo de este nuevo modelo, "lo que sin duda pone de manifiesto su interés por agilizar cuanto antes la puesta en marcha de este nuevo mecanismo que dotará de una mayor calidad asistencial al usuario y establecerá unos elevados parámetros de coordinación sociosanitaria público-privada", ha aseverado.