Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha considerado este jueves "una temeridad" que el Ayuntamiento de Zaragoza haya iniciado los trabajos para aprobar la construcción de la línea 2 del tranvía "a pesar de la situación económica del mismo".

El pliego de condiciones para la elaboración de un estudio de viabilidad y un anteproyecto "supondrá un gasto de 1,6 millones de euros a los zaragozanos, cuantía que podría desequilibrar unas cuentas públicas muy dañadas por la gestión del actual equipo de Gobierno", ha afirmado el coordinador local de UPyD, Javier Puy.

En su opinión, el equipo que dirige Juan Alberto Belloch "está actuando de forma negligente, poniendo en riesgo la economía municipal". Belloch "está corriendo para aprobar un proyecto de gran envergadura, que no es una demanda primordial" de los ciudadanos "y que cuenta con vecinos y comercios totalmente en contra", ha añadido Puy.

En este sentido, esta formación política ha exigido "iniciar un auténtico proceso de participación ciudadana antes de tomar decisiones o de cerrar cualquier contrato con una consultoría para que desarrolle el proyecto".

Puy ha dicho que "antes de firmar nada tiene que preguntar a los vecinos y que sean ellos quienes decidan" y ha añadido que el proceso participativo tiene que darse "siempre antes de tomar cualquier decisión y no cuando está todo firmado y bien sellado".

Del mismo modo, UPyD se ha mostrado contrario a iniciar "trámites de vital importancia" para la ciudad por sus características a sólo nueve meses de las elecciones. Al hacerlo, Belloch "está condicionando a Gobiernos futuros y su cancelación posterior puede representar un duro golpe a la ciudad", ha sostenido Puy.

Al respecto, ha apuntado que "algo similar ocurrió ya al finalizar la legislatura anterior, cuando el Gobierno de Aragón, formado por PSOE y PAR, aprobó el Plan Red sin saber si contaba con los fondos necesarios y que supuso un grave perjuicio a los aragoneses".

UPyD ha aclarado que no rechaza la construcción de esta línea del tranvía, pero ha exigido que la adjudicación del proyecto se posponga hasta después de las elecciones, así como poder realizar una consulta real a la ciudadanía.