El PSOE, Izquierda Plural y UPyD han recurrido este jueves ante el Tribunal Constitucional el "macrodecreto" económico del Gobierno aprobado por el Congreso el 10 de julio pese al rechazo frontal de la oposición, que lo ve una "chapuza" y una "aberración jurídica" por modificar a la vez leyes muy diferentes.

El diputado socialista y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha dicho que la norma recurrida "es una auténtica aberración jurídica, que pone en evidencia una falta de respeto al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha subrayado que el decreto, que modifica una treintena de leyes muy variopintas, no sólo es una "chapuza parlamentaria" sino también un "desprecio" al funcionamiento del Parlamento, razón por la cual su grupo no participó en su votación y considera coherente recurrirlo.

En nombre de UPyD, su diputado Álvaro Anchuelo también ha arremetido contra el "engendro legislativo" del decreto y ha coincidido en denunciar el "desprecio continuo" del Ejecutivo al Parlamento, que ha convertido los decretos-ley, 55 en lo que va de legislatura, en su "forma habitual de gobernar" pese a que están pensados para casos excepcionales y de urgente necesidad.

Los tres diputados han hecho estas declaraciones tras presentar el recurso en la sede del Tribunal Constitucional, al que han acudido acompañados del nuevo secretario de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Manuel de la Rocha.

El día de su aprobación, del otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que el decreto era necesario para afianzar la recuperación económica, medidas "urgentes" que no podían esperar.

Además, lamentó que la oposición criticara su "forma" en vez de hablar de su "fondo" y recordó que se trata del decreto ley número 563 de la democracia, por lo que "no es un instrumento legislativo que se haya inventado este Gobierno".