Palmo a palmo y desde el aire, así anunció en Les Corts el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, que iba a controlar su departamento las casas ilegales a finales de octubre del año pasado. Fue entonces cuando fijó un plazo de mes y medio para tener listo un álbum de toda la Comunitat que, a día de hoy, sigue siendo un proyecto.

Así lo indicaron fuentes de la Conselleria a 20 minutos, al ser preguntadas por este material, que fue encargado al Instituto Cartográfico Valenciano. Su objetivo, tal y como señaló el propio conseller, era buscar viviendas y piscinas al margen de la ley.

Pero este álbum, que mostraría 2,2 millones de hectáreas de suelo, no era la única medida anunciada a bombo y platillo por la Generalitat. También se iba a crear un cuerpo especial de inspectores, cuya misión iba a ser recorrer la Comunitat a la caza y captura del infractor. Varios meses después, la Conselleria tampoco sabe nada.

El anuncio se produjo pocas semanas después de que el Consell destapara el caso de Catral, un municipio del sur de Alicante (gobernado por el PSOE) donde afloraron 1.200 casas en suelo protegido y sin licencia. El Consell le retiró las competencias urbanísticas.

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Instantáneas en vez de denuncias

Las fotos que aún no tiene la Conselleria de Territorio iban a servir, según anunció el 4 de diciembre, como denuncias policiales. Una vez detectadas las infracciones de los «grandes depredadores», con fotos recientes y antiguas, se pararía, primero, la casa y, luego, pedirían a las compañías que cortaran luz y agua, y el proceso podría acabar en demolición.

Casos sonados

Orihuela: La Fiscalía ha imputado al alcalde, José Manuel Medina (PP), por disfrutar coches y casas de lujo. Lo relaciona con la aprobación de varios planes urbanísticos.

Riba-roja: El PAI de la ciudad deportiva del Valencia, que incluye 2.700 casas, está en el juzgado.

Sueca: Su primer edil, Salvador Giner (PSOE), autorizó, presuntamente, 25 casas en La Albufera. El fiscal le imputa tres delitos.