El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado con el voto contrario del Grupo popular, que goza de mayoría absoluta, una moción de IU-CA respaldada por el PSOE y que proponía que la Corporación reclamase al alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, una disculpa pública a cuenta del tratamiento dispensado a las mujeres del colectivo social de la Corrala Utopía.

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Evaluaciones sociales

Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no".

El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, toda vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Fomento, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".

"campaña de difamación"

La moción de IU-CA, en ese sentido, reclamaba que el alcalde pidiese disculpas por la campaña de "desprestigio y difamación" emprendida por el Ayuntamiento contra estas familias, considerando que al final han quedado "desenmascaradas las mentiras y falsas acusaciones que tanto él como su Gobierno han venido difundiendo en los últimos meses contra estas familias en riesgo de exclusión social, con el propósito de denigrarlas".

José Manuel García, portavoz de IU-CA, ha recordado que al impedir que las familias contasen con agua corriente en las viviendas que ocupaban ilegalmente, "aplaudir" el desalojo de las mismas y poner "en duda" su situación socioeconómica, el Ayuntamiento "ha sido parte del problema, y no de la solución".

La concejal de Asuntos Sociales y Familia, Dolores de Pablo-Blanco, cuya intervención ha estado marcado por los reproches dirigidos por las miembros del colectivo que presenciaban el debate en calidad de público, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó las demandas de estas personas y consideraba "suficientes" las medidas promovidas por las administraciones, recordando que la mayoría de estas personas rechazaron adherirse al programa de solidaridad de 'Ibercaja' y que una de las mujeres es militante de IU-CA.

"Hemos dicho la verdad. Se han burlado las normas", ha enfatizado la concejal del PP, toda vez que la moción ha contado con el voto favorable de IU-CA y PSOE, pero ha sido tumbada al votar en contra el Grupo popular, que cuenta con mayoría absoluta.