El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, declara este viernes en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 2 del municipio, que investiga la presunta comisión de cuatro delitos en la operación de compraventa de una finca rústica que luego fue recalificada a urbanizable entre los años 2004 y 2007.

Góngora (PP) está citado a partir de las 09,00 horas en sede judicial junto a otros tres imputados en la causa, el padre del regidor, un hermano y el administrador de la empresa que adquirió los terrenos.

Cabe recordar que el juzgado archivó en diciembre de 2011 la denuncia del Partido de Almería (PAL) al estimar que los supuestos ilícitos penales que detallaban habían prescrito. Tres años después, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial revocó esa resolución en apelación y estimó parcialmente el recurso del partido liderado por Enciso al concluir que no se tenían datos necesarios" para considerar prescritos al menos dos de esos delitos.

El magistrado Francisco José Domínguez cita a Góngora después de un informe de la AEAT pusiese de manifiesto la "posible existencia de un delito fiscal por conceptos atenientes al pago del impuesto de sociedades de 2007" en una cuantía que estima en 296.072,03 euros y ante la existencia de la comisión de un delito de blanqueo de capitales "al haberse invertido, si quiera parcialmente, el producto del meritado delito en la adquisición de determinados bienes raíces".

Apunta, asimismo, la necesidad de indagar sobre la incorporación de un documento "de contenido indiciariamente mendaz a un protocolo público" que supondría un supuesto delito de falsedad en documento público y para determinar la "posible existencia" de un delito de tráfico de influencias.

El auto, que además de las declaraciones ordena la práctica otras nueve diligencias de prueba, fija una fianza civil, conjunta y solidaria para todos los imputados, de 2.368.576,24 euros, que "viene a suponer —explica— estrictamente un tercio más del importe probable de la multa para el caso de apreciarse la existencia del mencionado delito fiscal".

Según explicó el portavoz municipal del PSOE, Tomás Elorrieta, actuación investigada se enmarca en la etapa en la que Góngora ostentaba la concejalía de Urbanismo bajo mandato de Juan Enciso e investiga la compra por parte de una sociedad "de la que formaba parte" de unos terrenos rústicos "a muy bajo precio" en el año 2000 y la aprobación, dos años después, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" que permitió la recalificación de esos terrenos para que pasaran a ser urbanizables".

Otros dos años después, en 2004, esa sociedad vendió presuntamente esos terrenos, de manera privada, "por un precio muy superior al de compra, hasta el punto de que obtuvo un beneficio de más de 1.200.000 euros" si bien, según ahondó, esa compraventa no se habría escriturado hasta tres años después "casualmente, el mismo día que la sociedad vendedora compraba a la sociedad compradora unos locales en el Bulevar de El Ejido a un precio también muy barato".