La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei), organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 200 agentes inmobiliarios en Andalucía, estima que los intermediarios ilegales alcanza en Andalucía unos "niveles preocupantes y desorbitados", que podría llegar hasta los 4.000 operadores ilegales frente a las mil agencias regularizadas.

Así, en una nota Apei señala que estos operadores incumplen, entre otros, los requisitos que marca el Gobierno andaluz para garantizar la Ley de Información y Protección del consumidor en base al decreto 218/2005 y las buenas prácticas profesionales, en vigor desde el 7 de febrero de 2006.

"Es fácil ver a estos mediadores sin garantías, ni oficina, ni formación en los alrededores de agencias inmobiliarias, abordando a los clientes que salen o entran de las oficinas", explican los expertos.

Los expertos inmobiliarios andaluces, preocupados por esta situación, estudian exigir una revisión del decreto andaluz donde se incluye el Reglamento de Información al Consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía por "ineficaz".

Además, aseguran que la normativa "ahuyenta a los clientes de la inmobiliarias ante la complejidad de las exigencias de documentación del Reglamento y los aboca a plataformas de Internet o la competencia desleal".

"Son cientos los mediadores ilegales que deciden jugar a ser agentes inmobiliarios con la intención de ganar dinero y sin importarles para nada los derechos de los consumidores", explica el delegado de la Apei en Sevilla, Juan Guijarro.

"El resultado es negativo para todos. Por un a lado, la sobrevaloración de la vivienda y, por otro, una competencia ilegal feroz al calor de operaciones rentables que atraen a todo tipo de oportunistas. Esta competencia desleal afecta de manera muy negativa a los agentes inmobiliarios que trabajamos de forma rigurosa y profesional, pero también al ciudadano", añade.

Ante esta realidad, los expertos inmobiliarios andaluces estudian plantear a la Junta la revisión del Decreto 218/ 2005, donde se incluye el Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa sobre la regulación en materia de consumo para inmobiliarias.

Así, coinciden en que, "en la práctica, para los agentes legalizados es imposible cumplir con las exigencias de este decreto que pretende fijar incluso las fechas para el cierre de operaciones, algo imposible de prever. Sin embargo, a los irregulares no se les exige nada".

Según explica Guijarro, "por otra parte, las exigencias de este decreto también son inasumibles para el consumidor y provoca una huida de los clientes de nuestras agencias inmobiliarias hacia webs, app, portales 'on line' y competencia desleal, donde no se exige nada".