El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, Rafael Jariod, ha denunciado que en España se está produciendo una "caza de brujas" contra las organizaciones humanitarias que no forman parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE).

Jariod se ha referido así a los recientes casos de presunta corrupción de la Fundación Intervida, que está siendo investigada por la Fiscalía por un posible desvío de fondos, y Anesvad, cuyo presidente, José Luis Gamarra, está detenido por un supuesto delito de apropiación indebida de fondos.

En este sentido, Jariod ha señalado que la CONGDE "discrimina a las ONG por razón de tamaño y cuestión económica" y hace alarde de estar auditada por la Fundación Lealtad, pese a que la evaluación de esta entidad obvia un punto importante en el sector de ayuda al desarrollo, como es "de dónde se saca el dinero".

"Esto me suena a caza de brujas", ha subrayado Jariod, que ha asegurado que tanto la ONG catalana Intervida como la vasca Anesvad "han hecho muchas cosas bien, aunque, como todo el mundo, se han podido equivocar".

"Si han pecado, que rectifiquen, pero que se reconozca su trabajo, porque si han hecho un 4% mal, el 96% restante ha sido muy positivo", añadió.

Presiones para archivar la investigación

El ex fiscal general del Estado Jesús Cardenal intercedió ante la Fiscalía de Cataluña para intentar que ésta archivara la investigación que había iniciado contra Intervida, según informó hoy la cadena Ser.

Cardenal, que en ese momento ya no ocupaba el cargo de fiscal general, dijo actuar en calidad de "amigo y representante" de los abogados de la Fundación.

El fiscal jefe de Cataluña, ante la visita del que meses atrás había sido su jefe, le reprochó su intento de presión y le "invitó" a marcharse.

José María de Mena comunicó a sus fiscales más allegados el contenido de la visita de Cardenal sin esconder su indignación.

"Jesús Cardenal -agrega la emisora- presionó para conseguir el archivo de la causa contra Intervida cuando tres años antes había sido él, en su calidad de fiscal general del Estado, quien aprobó las indagaciones ante los indicios de criminalidad y, por lo tanto, conocía de primera mano los datos que en secreto iban acumulando los fiscales de Barcelona".