La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por la tarde, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que introduce el derecho de las empresas editoras a ser compensadas por el uso de sus contenidos, contempla la creación de una ventanilla única para el pago los derechos de propiedad intelectual y persigue a las páginas que enlazan a webs de descargas de contenidos protegidos.La norma ha salido adelante con 22 votos a favor y 20 en contra. Los grupos parlamentarios habían presentado cerca de 170 enmiendas, aunque sólo se ha incorporado al texto nueve enmiendas transaccionales que han sido negociadas este mismo entre el grupo parlamentario popular y los grupos de la oposición, mientras que el resto han sido rechazadas.La conocida como 'ley Lasalle' ya pasó por el pleno del Congreso el pasado mes de abril y en aquella ocasión se rechazaron las seis enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. El proyecto irá al Senado después del verano.

Polémico 'canon AEDE'

Una de las medidas que más debate ha generado es la compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores o buscadores de Internet, conocida como 'canon AEDE'. Esta norma autoriza el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un "derecho irrenunciable" de compensación equitativa.Esta parte del proyecto ha recibido el nombre de 'canon AEDE' porque cuenta con el apoyo la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), a la que pertenecen algunos de los principales periódicos del país, pero también ha sido rechazada por otros editores, medios, agregadores, asociaciones de internautas y autores. Una petición en Change.org para que se retire esta compensación por cita ha superado ya las 80.000 firmas. A finales de febrero nació la plataforma CanonAEDE, en la que diversos colectivos, asociaciones y usuarios suscribieron un manifiesto "en defensa de los derechos fundamentales en Internet" asegurando que la "mal llamada tasa Google" no garantiza la propiedad intelectual y "criminaliza el enlace", un instrumento que consideran importante porque "favorece el libre acceso a la información". A principios de marzo, una decena de empresas y organizaciones lanzaron la Coalición ProInternet, una plataforma que rechaza determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual. Entre las entidades fundadoras de Coalición ProInternet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, Weblogs,  Hipertextual, Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es, así como otros profesionales a título individual.Según un estudio de la consultora Analistas Financieros Internacionales, la aplicación del canon Aede tendría un impacto de 1.133 millones de euros en los usuarios de Internet. El estudio considera que el canon provocaría la desaparición de gran parte de los agregadores y sin ellos los usuarios tendrían que dedicar más tiempo a buscar información. Ese tiempo extra que se invertiría en la búsqueda significaría una pérdida de productividad con un importante impacto económico.El informe señalaba también que el carácter "irrenunciable" de la tasa supone una vulneración de la libertad de empresa, que podría traducirse en una caída de audiencia en los medios digitales y, por tanto, podría afectar negativamente a los ingresos publicitarios. Además, el estudio advertía que "no parece que la pérdida de ingresos por publicidad vaya a compensarse con el canon", exponen, y además señalan un punto relevante: la gestión del canon recaería en una entidad privada que opera con monopolio, presumiblemente CEDRO.Otro organismo que se ha opuesto a esta tasa ha sido la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que señalaba que editores y agregadores no son "competidores directos". Además, Competencia advertía que "ya que existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas que permitirían al titular del derecho de propiedad intelectual que la agregación se realice o no" y que la redifusión de informaciones a través de terceros "genera o puede generar otros ingresos"Para 20minutos, imponer tasas o cánones penaliza el acceso a la información y al conocimiento de usuarios y puede ser un freno a la innovación y la creación. La defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de forma diferente. Este periódico considera que el 'copyright' es legítimo, pero que el 'copyleft' también lo es.

Limitación de la copia privada

Tras la aprobación del proyecto, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) dijo que la regulación de la copia privada "nace obsoleta" y "genera una discriminación en Internet frente al mundo analógico", ya que con la nueva ley se convertirán en ilícitas prácticas hasta ahora reconocidas por la excepción de copia privada y esto generará "confusión" en los ciudadanos.La norma prevé que la compensación por copia privada vaya con cargo a los Presupuestos Generales, un aspecto que el Consejo de Estado vapuleó por su choque con el derecho europeo y porque restringe demasiado el concepto de copia privada. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, decía que "puede tener el efecto perverso de promover un hábito de la descarga que se sitúe al margen de lo legal", dijo.La ley habla de "soportes" que contengan reproducciones, de "copias" y de "actos legítimos de comunicación pública". Algunas fuentes consultadas criticaron que lo analógico sigue pesando más que lo digital. Domingo, muy duro, opina que el proyecto de ley se mueve en un limbo de "inseguridad jurídica" peligroso.  Si se recauda dinero en los PGE, dice, "¿qué sentido tiene prohibir la copia privada?".

Las webs de enalces, en el punto de mira

Consultado por 20minutos cuando el Gobierno aprobó el proyecto, el abogado especialista en Propiedad Intelectual David Maetzu explicaba que "se está tratando de convertir la recopilación ordenada de enlaces como una infracción de la propiedad intelectual cuando esos enlaces, aun subidos por terceras personas, no cuenten con la autorización del autor". La reforma del Código Penal también apuntaba precisamente a los enlaces. Según Maetzu, estas dos leyes podrían solaparse en el futuro y ofrecer "muchos problemas de aplicación práctica". Entre la vía administrativa y civil y la penal, muchos procesos podrían discurrir por la segunda por una cuestión de rapidez. "No son necesarias más reformas legales", insistía el experto, aludiendo a la jurisprudencia sobre este asunto.Hasta enero de 2014, según el Gobierno, la Comisión de Propiedad Intelectual, creada por la Ley Sinde, recibió 394 solicitudes y sus actuaciones terminaron con la retirada de contenidos y enlaces por más de 80 sitios web. Solo 15 de esas webs cerraron. La Ley Lassalle pretende reforzar el papel de esta Comisión vigilante, pero reconoce que no hay recursos.

Esa es una de las críticas más fuertes al proyecto. Antonio Fernández, director general de Adepi, asociación que agrupa a ocho entidades de gestión de derechos, dijo que "la reforma es muy tímida, los matices introducidos son muy cosméticos" y criticó que no se recogieran las peticiones de los autores relativas a Internet y la vulneración de derechos "en todo tipo de contenidos".