Las antiguas cocheras de autobuses de la calle Batalla de Belchite, en Legazpi, seguirán albergando, al menos de momento, el centro social 'okupado' La Traba. La comisión judicial que a mediodía se personó en el edificio, escoltada por una pareja de agentes de la policía municipal, decidió suspender el desalojo ante la falta de efectivos policiales suficientes para acometer la tarea. Con gritos de "Sí se puede" y "La Traba se queda" celebraron dicha decisión el centenar de vecinos y usuarios congregados para paralizar el desalojo de un centro que lleva siete años en activo.

"Lo que ha ocurrido es que se ha expresado con contundencia la respuesta social de apoyo a la iniciativa de La Traba. Ahora les toca a las instituciones tomar nota y ofrecer una solución no policial, que no contemple la fuerza, para que se pueda seguir desarrollando la actividad social que lleva a cabo este centro", explicó Nacho Murgui, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Murgui, Javier Rubio (asesor legal de los 'okupas', también de la PAH) y Daniel, un miembro del colectivo La Traba, recibieron a la comisión judicial, arropados por un centenar de vecinos y colaboradores.

"Les hemos dicho que cumplimos una función social en el barrio. Que nos apoyan todas las asociaciones vecinales y los partidos políticos del distrito menos el Partido Popular que quiere dar 400.000 euros a la propiedad para hacer una calle nueva que el barrio no necesita", explicó Daniel, portavoz del grupo que da uso al edificio.

La Traba es un centro social autogestionado en el que tienen cabida distintos colectivos tan variopintos como un grupo de folk boliviano, una asociación juvenil de barrio y un estudio de grabación. Es un edificio de dos alturas con dos inmensas naves adosadas, llenas de suelo a techo de imponentes graffitis. Una de las naves ha albergado conciertos multitudinarios de bandas como Sociedad Alcoholica o Banda Bassoti. La otra es el hogar de Bici Park España, uno de los parques de acrobacias para bicicletas más grandes de Europa. En previsión del desalojo se habían desmontado varias de las rampas móviles, pero aún quedan las fijas, sobre las que algunos jóvenes esperaban a la Policía haciendo piruetas.

Un portavoz de la propiedad que acompañaba a la comisión judicial lamentó ante los medios de comunicación que el sistema judicial fuera "proteccionista" de los derechos de los que ocupan inmuebles. "La empresa propietaria es la misma desde hace 70 años. Les obligaron a cerrar porque no podía haber actividad industrial en la zona y en cuanto salieron entraron estos (por los okupas)", dijo declinando identificarse. Los partidarios de que el centro social continúe activo aseguraron, por el contrario, que las naves llevaban al menos cuatro años sin uso antes de ser 'okupadas'.

El abogado que asesora al colectivo explicó a 20minutos, visiblemente feliz por la suspensión del desalojo, que el siguiente paso será esperar a que el juzgado 31 de Madrid decida si vuelve a ordenar un nuevo lanzamiento. "Pero como agosto se considera inhábil, nos ponemos mínimo en septiembre". Los 'okupas' creen que para entonces, terminado el verano, serán capaces de movilizar todavía a más vecinos.