Así de contundentes se han mostrado Roig y Mantero -en una conferencia de prensa celebrada en la capital catalana- para criticar la postura de la jerarquía católica sobre los derechos de los gays y lesbianas.
Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, rechazó la apelación de la Iglesia a alcaldes, jueces y funcionarios para que no celebren matrimonios homosexuales y dijo que "cualquier llamamiento al incumplimiento y la insumisión está fuera del normal funcionamiento del Estado de Derecho".
El líder de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que el llamamiento de la jerarquía eclesiástica a los políticos católicos para que no apoyen el matrimonio entre homosexuales sitúa a la Iglesia "al margen de la democracia y fuera de la Constitución" y supone un "desacato" a las leyes aprobadas por el Congreso.
En este sentido, La Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colegas) consideró que la Conferencia Episcopal está fuera de la realidad, pero cree que "al final tendrá que entrar por el aro".
El secretario de organización de esta federación, Pablo Morterero, calificó como "una nueva vuelta de tuerca" de la Conferencia Episcopal su advertencia de que los católicos no pueden votar a favor de esa norma y su llamamiento para que no se celebren matrimonios homosexuales.
Los jueces recuerdan que no se puede alegar objeción de conciencia
Al respecto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideró que "los jueces tienen la obligación inexcusable de aplicar las leyes, estén o no de acuerdo con ellas", aunque recuerda que sí pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si creen que una norma vulnera la Constitución, según dijo su portavoz, José Manuel Suárez Robledano.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez, indicó que ningún juez dejará de celebrar matrimonios homosexuales y dijo que, en su opinión, la Conferencia Episcopal "al llamarnos a objetar nos llama a cometer un delito, el de discriminación por no dar una prestación por un prejuicio que en este caso tiene que ver con la orientación sexual".
El negarse supondría incurrir en responsabilidad criminal, concretamente en un delito de prevaricación
NOTICIAS RELACIONADAS
- Los obispos llaman a oponerse al matrimonio gay de forma "clara e incisiva"
- Texto íntegro: de la declaración episcopal


Crece la condena internacional a la masacre en Hula
Las redes sociales comienzan a ganar la partida al currículum vitae
Núñez Feijóo afirma que "darle comida y hacerle la cama a un paciente no es Sanidad"
El Deportivo de la Coruña gana al Huesca y asciende a Primera División
Detenidos en Francia dos etarras: uno es el Nº 1 de la banda
Disparos al aire para detener a un mantero en Lavapiés
Krahe es juzgado hoy por 'cómo cocinar a un Cristo'
Iker Casillas cuelga una foto de Carbonero de bebé y pregunta: "¿Quién es este bichito?"



¡Sé el primero en hacerlo!