El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) manifestó en un comunicado quela aplicación de la ley de matrimonios entre homosexuales, aprobada porel Gobierno y que entrará en vigor próximamente tras su ratificaciónpor el Senado,

"no tiene fuerza de obligar a nadie" y "cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia".

Los dos únicos sacerdotes españolessuspendidos por el Vaticano tras revelar su homosexualidad, el excarmelita Antonio Roig y José Mantero, han denunciado hoy en Barcelonaque "la Iglesia ha perdido la vergüenza y la ética" al haber convertidoa los homosexuales en "su nuevo enemigo".

Así de contundentes se han mostrado Roig y Mantero -en una conferenciade prensa celebrada en la capital catalana- para criticar la postura dela jerarquía católica sobre los derechos de los gays y lesbianas.

Por su parte,

el consejero andaluz de la Presidencia, GasparZarrías, rechazó la apelación de la Iglesia a alcaldes, jueces yfuncionarios para que no celebren matrimonios homosexuales y dijo que"cualquier llamamiento al incumplimiento y la insumisión está fuera delnormal funcionamiento del Estado de Derecho".

El líder de IU,

Gaspar Llamazares,aseguró que el llamamiento de la jerarquía eclesiástica a los políticoscatólicos para que no apoyen el matrimonio entre homosexuales sitúa ala Iglesia "al margen de la democracia y fuera de la Constitución" ysupone un "desacato" a las leyes aprobadas por el Congreso.

En este sentido, La

Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales(Colegas) consideró que la Conferencia Episcopal está fuera de larealidad, pero cree que "al final tendrá que entrar por el aro".

El secretario de organización de esta federación, Pablo Morterero,calificó como "una nueva vuelta de tuerca" de la Conferencia Episcopalsu advertencia de que los católicos no pueden votar a favor de esanorma y su llamamiento para que no se celebren matrimonioshomosexuales.

Al respecto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)consideró que "los jueces tienen la obligación inexcusable de aplicarlas leyes, estén o no de acuerdo con ellas", aunque recuerda que sípueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TribunalConstitucional si creen que una norma vulnera la Constitución, segúndijo su portavoz, José Manuel Suárez Robledano.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez,indicó que ningún juez dejará de celebrar matrimonios homosexuales ydijo que, en su opinión, la Conferencia Episcopal

"al llamarnos a objetar nos llama a cometer un delito, el de discriminación por no dar una prestación por un prejuicio que en este caso tiene que ver con la orientación sexual".

Manuel Torres Vela, de la asociación Franciscode Vitoria, aseguró que para los jueces "no es viable alegar objeciónde conciencia", ya que, según dijo, "tenemos la obligación de aplicarlas leyes que emanan del Parlamento, nos gusten o no". "El negarsesupondría incurrir en responsabilidad criminal, concretamente en undelito de prevaricación", concluyó.