La crisis y el aumento de la longevidad han vuelto más cautos a los españoles. Según los datos del Consejo General del Notariado, cada vez más ciudadanos optan por asegurar por escrito y mediante fedatario público la gestión de su patrimonio o de su propio bienestar en caso de caer en una situación de incapacidad física o mental.

La institución que agrupa a todos los colegios profesionales de notarios ha constatado que el número de poderes preventivos expedidos creció un 527% en los últimos siete años: si en 2007 apenas se firmaron 412 documentos, en 2013 aumentaron hasta los 2.582, seis veces más.

La mayoría de ellos fueron poderes "con subsistencia de efectos en caso de incapacidad", es decir, destinados a entrar en vigor en el mismo momento de la rúbrica o en una fecha establecida previamente. Los del segundo tipo, conocidos como poderes preventivos "en sentido estricto", tienen validez una vez que el suscriptor pierda su autonomía.

Ambas modalidades implican la designación de un apoderado que puede ser una persona física o jurídica y que actuará como gestor del patrimonio del beneficiario de acuerdo a los deseos que este haya hecho constar. "De esta forma, se evitan disputas familiares o de otro tipo, porque es el firmante quien expresa cómo debe cumplirse su voluntad. Solo un juez, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá anularlo", explica a 20minutos Salvador Torres Ruiz, decano del Colegio Notarial de Andalucía.

Si el usuario quiere dar un paso más, puede optar por nombrar un tutor, lo que autoriza a la persona elegida no solo a administrar sus bienes una vez incapacitado, sino a decidir dónde residirá a partir de ese momento o si debe ser ingresado en una residencia. La utilización de esta figura también se ha incrementado —hasta duplicarse— en los últimos siete años, pasando de 1.310 escritos a 2.782, un 112% más.

La situación es similar en el campo de las voluntades anticipadas o, como es popularmente conocido el procedimiento, los testamentos vitales, que han crecido de 2.287 a 4.651, un 103% más.

En este caso, el contrayente establece qué asistencia y qué tratamientos médicos desea recibir o no en caso de que no pueda expresarlo por sí mismo (prolongación artificial de la vida, mantenimiento en estado de coma etc.). También sirve para elegir a las personas que hablarán con el equipo sanitario y para dejar claro si sus órganos serán donados para actividades docentes, de investigación o para trasplantes al fallecer.

José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado, atribuye la popularización de estos trámites a las campañas de información realizadas y al aumento de la esperanza de vida media de los españoles, que se ha prolongado de 77,41 años en 1992 a 79,57 en 2002 y a 82,38 en 2012, último año con cifras completas analizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Vivimos más años, pero a veces se llega en condiciones incómodas de salud. Han aumentado las demencias seniles o el Alzheimer, lo que hace que la población se preocupe más por su futuro y por qué pasará en caso de perder la consciencia", señala Collantes.

"La gente cada vez se asesora más a través del boca a boca, de los abogados o a través de los propios notarios. Los poderes son la garantía de que se va a hacer lo que ellos quieran en un contexto de crisis y de recursos escasos", concluye el experto.

Los poderes preventivos siguen la tendencia contraria a los de tipo general, que han descendido de 1,3 a 1,1 millones. El motivo es que el 90% de los apoderamientos están vinculados a procedimientos económicos como los préstamos, la compraventa de viviendas o la constitución de sociedades, actividades que se han ralentizado debido a la crisis.

Por otra parte, el aumento de la salida de estudiantes y trabajadores al extranjero ha hecho que se multipliquen los poderes para que sus padres les representen y realicen por ellos los trámites administrativos necesarios mientras se encuentren fuera, según los profesionales.