El fiscal ha reprochado, en la vista de los 54 recursos presentados ante el Supremo contra la sentencia del caso Malaya, el "buenismo" de la Audiencia de Málaga en un fallo "blando" cuyas penas ha pedido que sean agravadas, además de incrementarse el número de condenados.

Juan Ignacio Campos, el fiscal de Sala que ha intervenido ante una sala del Supremo presidida por el magistrado Juan Saavedra, ha pedido una condena de 18 años para el principal encausado en este proceso, el ex asesor del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, frente a los once que le aplicó la sentencia recurrida.

Además, lo ha calificado como el caso de corrupción más importante, al menos en lo económico, de los que ha conocido la sociedad española, de la que ha destacado su preocupación por este fenómeno, si bien no ha pedido "una sentencia ejemplar, sino justa".

Por su parte, la defensa del principal encausado ha cargado duramente contra la instrucción del caso que realizó el juez Miguel Ángel Torres, reproche que ha usado para solicitar la nulidad de un proceso que, según ha pedido al tribunal, "debe ser limpiado y depurado" por su falta de respeto a la Constitución.

El Supremo ha comenzado la vista de los citados recursos presentados contra la sentencia del caso Malaya, un fallo expuesto en miles de páginas y que impone más de cien años de cárcel a decenas de personas y cientos de millones de euros en condenas.

La revisión de los recursos, que ha arrancado con las acusaciones y continuado con las defensas, se extenderá a lo largo de los tres próximos días.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó a once años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de esta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, pero absolvió a casi la mitad de los 95 procesados.

Campos ha pedido al tribunal que endurezca las penas y corrija a la Audiencia de Málaga, que asumió, ha lamentado, todas las "argucias" legales para atenuar las penas, entre las que ha citado el atenuante aplicado a Roca por una confesión que no aportó nada a la Justicia que ésta no supiera ya.

Además, ha pedido al Supremo que modifique la disposición de la Audiencia que destinó los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas a compensar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella, disposición que ha descalificado como "buenista" y destinada a compensar "los destrozos" provocados por la sentencia en otros ámbitos.

"La legislación vigente no puede aceptar que se dé ese destino a los fondos, que deben ir al Tesoro Público", ha dicho el fiscal.

Con sus conclusiones en este sentido y también con su petición de nuevas condenas y de un endurecimiento general de las penas han coincidido tanto el letrado que representa a la Juntacomo el Abogado del Estado, que ha solicitado en concreto el agravamiento de las condenas por delitos fiscales.

En concreto, respecto a Juan Antonio Roca la fiscalía ha defendido que la Audiencia hizo una aplicación indebida de la atenuación respecto del delito de blanqueo de capitales y pide agravar su pena por este delito a nueve años de prisión, elevar la multa a 720 millones. También ha pedido que se le condene a cuatro años por cohecho y cinco por apropiación indebida.

Sin embargo, la defensa de Roca ha señalado que "no hay pruebas de cargo" para condenarle por blanqueo de capitales. "Yo les pido que anulen la instrucción, que apliquen limpieza y depuración al procedimiento, porque se ha instruido sin filtro judicial por un instructor que se hace enemigo del investigado", ha dicho respecto a Torres.

"Ya no se hacen tantas instrucciones como ésta y le pido al tribunal que evite que se sigan produciendo", ha añadido la letrada.

La vista ha congregado en el salón de plenos del alto tribunal a más de cuarenta letrados, algunos de ellos miembros de los más importantes bufetes del país, confrontados a un número similar de abogados de las acusaciones y a un público entre el que figuraba la exteniente de alcalde y exsocialista Isabel García Marcos, condenada a cuatro años de cárcel en este proceso.