El mes pasado, el Congreso de los Diputados aprobó esta norma que todavía tiene que pasar por el Senado y es una de las más significativas de la liberal agenda social del Gobierno que ha enfurecido a la Iglesia Católica.
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Se espera que la ley entre en vigor en los próximos meses.
'Los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva', dijo la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado.
Según los obispos, esta ley es 'una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden social' y los católicos deben negarse a aplicarla reivindicando el derecho a la objeción de conciencia.
De este modo se hacen eco de los comentarios del cardenal colombiano Alfonso López-Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, que animó a los funcionarios a que no celebren las bodas entre personas del mismo sexo.
Varios alcaldes del Partido Popular han asegurado ya que no celebrarán estas ceremonias.
La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernandez de la Vega, respondió a los obispos que no les corresponde a ellos tomar decisiones sobre los matrimonios civiles.
'Esta medida mejora los derechos y no perjudica a nadie, mientras que beneficia a muchas personas', declaró en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Aunque el 95 por ciento de los españoles se declaran católicos, las encuestas muestran una actitud cada vez más liberal en la sociedad.
Fernandez de la Vega reiteró que los funcionarios tienen que respetar la ley, pero señaló que el Gobierno no quiere involucrarse en una batalla legal con los alcaldes que se nieguen a celebrar estas bodas.
'En la realidad práctica no se va a plantear ningún problema (...); si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro concejal al lado que sí querrá', dijo.
El último comunicado de la Conferencia Episcopal acaba con las esperanzas de que las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno fueran a mejorar tras la elección como presidente de la CEE del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, considerado menos conservador que su predecesor Rouco-Varela.
El Gobierno ha molestado a la Iglesia con otras normas como la que facilita el divorcio y la que permite la investigación con células madre embrionarias.
Durante el Consejo del viernes, el gabinete aprobó una nueva ley sobre la reproducción asistida que tendrá que pasar por el Congreso y probablemente también afectará a los obispos.
La ley permite 'en casos limitados y excepcionales' la donación de células de preembriones sanos para ayudar a curar a familiares enfermos.
La ministra de Salud, Elena Salgado, dijo: 'A partir de ahora será posible utilizar estas técnicas con la finalidad de que el niño que nazca sea susceptible de donar células para un familiar, normalmente un hermano, que tenga una enfermedad incurable'.
El texto incluye fuertes restricciones para evitar el uso de estas técnicas para crear 'bebés diseño'.
/Por Estelle Shirbon/
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