Juan José García Mora, el concejal de Força Masquefa que en 2011 atropelló gravemente dos vecinos del municipio por haber descolgado una bandera española que él había colgado en una barandilla del Ayuntamiento se enfrenta a 26 años de prisión. La Fiscalía le acusa de dos delitos de intento de asesinato con el agravante de discriminación por motivos ideológicos, por los que el lunes será juzgado en la Audiencia de Barcelona.

Según consta al escrito de la Fiscalía, García Mora colocó una bandera española en el balcón del Ayuntamiento de Masquefa el 12 de octubre de 2011 alrededor de las ocho y media de la mañana. Poco después, hacia las nueve y cuarto, el regidor de Força Masquefa vio como dos personas tirando la bandera a un contenedor de la Plaza Mayor. Ante este hecho y "actuando con la intención de causarlos la muerte por haber contravenido su sentimiento nacional" procedió a atropellarlos con su furgoneta. "Los atropelló por la espalda de manera totalmente inesperada", explica el escrito del Fiscal.

Al oir el ruido del golpe que dio la furgoneta a un contenedor, una de las víctimas lo pudo esquivar, a pesar de que el vehículo lo rozó y le hizo caer al suelo. La segunda víctima no pudo evitar el impacto de la furgoneta, cayó al suelo y el vehículo le pasó por encima. Además, según consta en el escrito, García Mora bajó del vehículo con un palo con la intención de golpearlos, pero los vecinos que había a la zona consiguieron contenerlo hasta que llegó la policía.

Las víctimas del atropello eran el exconcejal de Urbanismo de Masquefa (Independientes por Masquefa) Xavier Manuel, y un vecino de la localidad que responde a las iniciales J.I. Fue este último quien se llevó la peor parte y tuvo que ser evacuado al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona) a causa de una fractura en la tibia y el peroné izquierdos, herida que requirió una intervención quirúrgica. La víctima tardó 240 días a curarse y tuvo que estar siete días hospitalizado.

Tras declarar ante el juez de guardia, le dejó en libertad con la prohibición de acercarse a las víctimas. Sin embargo, la Audiencia consideró que había riesgo real que volviera a agredirlas por lo que ordenó su detención y su ingreso en prisión, donde permaneció entre el 8 de noviembre de 2011 hasta el 6 de noviembre de 2012. Desde entonces, se encuentra en situación de libertad condicional y continúa ejerciendo su actividad como regidor al Ayuntamiento. De hecho, la Fiscalía pide 13 años de cárcel por cada uno de los dos delitos y su inhabilitación absoluta como concejal.

El concejal procesado ya había sido denunciado con anterioridad por insultos y amenazas. El consistorio, que anunció que se personaría como acusación particular, reclamó una "una condena ejemplar" porque acumula una "extensa trayectoria problemática en el Ayuntamiento". Estas actitudes "no sólo ponen en peligro el funcionamiento de las instituciones democráticas sino también la integridad de sus representantes y de la ciudadanía".