Mediterrania-Cie exige a Junta y Consistorio que actúen ante la contaminación en el foco industrial del cobre

La entidad ecologista Mediterrania-Cie ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que actúen ante la "escandalosa" contaminación que se registra en el foco industrial del cobre, en el entorno del Parque Joyero, situado en las afueras de la ciudad, junto a la Carretera de Palma del Río.

La entidad ecologista Mediterrania-Cie ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que actúen ante la "escandalosa" contaminación que se registra en el foco industrial del cobre, en el entorno del Parque Joyero, situado en las afueras de la ciudad, junto a la Carretera de Palma del Río.

A este respecto y en rueda de prensa, el presidente de Mediterrania-CIE, Ángel Juárez, y el delegado en Andalucía de dicha organización, José Luís Juárez, han criticado el hecho de que, "cinco años después, los niveles de contaminación ambiental entre el Parque Joyero de Córdoba y el núcleo urbano continúan siendo muy preocupantes".

Han tildado incluso esta situación de "escandalosa" y han exigido a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que "actúen de manera inmediata", ya que durante el lustro transcurrido desde que se detectaron los referidos elevados niveles de contaminación en la zona, "se ha mantenido la actividad industrial metalúrgica, que genera grandes cantidades de partículas en suspensión, que provocan que en algunas ocasiones el ambiente en la zona sea prácticamente irrespirable".

Hace cinco años, la entidad ambiental, con sede en Tarragona, ya denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que "el nivel de contaminación podía atentar contra la salud de las personas, ya que las partículas en suspensión contienen plomo, cobre y zinc, que son muy nocivas para la población", pues "pueden provocar problemas respiratorios y originar procesos cancerígenos". Los estudios realizados en su momento por el Seprona apuntaban a que tres empresas (KME Locsa, Peninsular del Latón SA y Cunext Koper Industriel) eran las responsables de las emisiones.

Posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía apuntó que el muestreo realizado en los estudios era insuficiente y que se debería ampliar para obtener resultados más concluyentes, aunque sancionó a KME Locsa y Peninsular del Latón por excederse en los valores límites de emisiones.

En este sentido, los responsables de Mediterrania-CIE han mostrado su "preocupación", ya que "han pasado cinco años y la falta de información hacia nuestra ONG ha sido total. No se nos ha informado de nada, mientras que la actividad industrial ha continuado al mismo ritmo, por lo que estimamos que el nivel de contaminación en la zona debe ser muy alto, afectando a los vecinos de los barrios aledaños".

Por este motivo, la entidad ecologista ha vuelto a poner una denuncia ante el Seprona. El objetivo es el de reactivar el caso mediante el desarrollo de nuevos estudios e investigaciones sobre los niveles actuales de las ya mencionadas partículas nocivas y otras que pudiera haber.

De la misma manera, solicitan al Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía "que se pronuncien ante este problema ecológico, que se viene suscitando en la zona del Parque del Joyero de Córdoba, en vista a su silencio ante las varias denuncias que Mediterrania formuló en los últimos años". En este sentido, Ángel Juárez ha incidido en que, a la vista del documento emitido también en su día por la Fiscalía, "se está cometiendo un delito" y, a su juicio, "ninguna administración pública está haciendo nada al respecto".

Ha señalado que los niveles de cadmio son "100 veces superiores a lo permitido" y ha detallado que se trata de metales "acumulativos y no biodegradables". Por eso, Juárez ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Córdoba, "para que de un paso adelante y también interponga una denuncia", ya que "es la administración más próxima al ciudadano, y por eso creemos que debería tomar cartas en el asunto".

Por su parte, José Luis Suárez ha aludido a las "emisiones constantes" y ha concluido que "hay una población cercana a los 20.000 personas, entre vecinos, empresarios y trabajadores, que son víctimas directas de estas emisiones".

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