El Gobierno vasco ha presentado este martes el proyecto del Estatuto de la mujer Agricultora con el que busca que la actividad de la mujer en el mundo rural se desarrolle "con las máximas garantías de profesionalidad, dignidad y seguridad", y "afrontar" de esta forma la "discriminación" que sufren las mujeres en el sector agrario.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha presentado este Estatuto de las mujeres agricultoras que "responde a la necesidad de afrontar la discriminación que sufren las mujeres", principalmente "en lo que se refiere a su reconocimiento profesional y su estima social, así como al ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales y fiscales".

Según ha explicado, este Estatuto toma los derechos de las mujeres agricultoras como punto de partida y concreta las obligaciones de las Administraciones Públicas para garantizar su ejercicio efectivo.

"Se trata, por tanto, de una Ley que recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres del sector agrario, así como para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del sector, dadas las distintas condiciones y necesidades de mujeres y hombres", ha explicado.

En este sentido, la consejera ha destacado que este Estatuto no tiene precedentes normativos, pese a que abundan las recomendaciones e incluso mandatos de que se elaboren. El Estatuto tiene 31 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El texto normativo se estructura en 6 títulos, dedicados a disposiciones generales, titularidad de las explotaciones agrarias, representación de las mujeres en el sector, derechos sociales, reconocimiento y visibilización de su trabajo, y un último título dedicado a la Comisión de seguimiento del Estatuto.

Tapia ha explicado que aunque se haya dado un aumento en la proporción de mujeres titulares de explotaciones, ésta sigue siendo "desequilibrada". El Ejecutivo cree que en esta nueva norma, la figura de la titularidad compartida "está llamada a ser un instrumento de gran importancia en la consecución de una igualdad de derechos efectiva entre mujeres y hombres en el sector agrario".

Por ello, la norma "prioriza" este régimen de titularidad compartida en la concesión de ayudas y asignaciones, y también con el establecimiento de ayudas a la afiliación de mujeres agricultoras a la Seguridad Social.

Mujeres jóvenes

Además, en cuanto a la situación de jóvenes 'baserritarras', siguen produciéndose desigualdades entre sexos, ya que en las explotaciones en manos de jóvenes, el porcentaje de mujeres titulares es "muy inferior" al de hombres. Por ello, el texto propone "priorizar" que las mujeres jóvenes cuenten con oportunidades laborales que les permitan, si así lo desean, permanecer en los entornos rurales y lograr el relevo generacional.

También ha subrayado que "a medida que se incrementa la dimensión económica de la actividad el porcentaje de decisiones adoptadas por las mujeres disminuye", y la participación de las mujeres en los órganos de decisión del ámbito agrario es "muy inferior" a la de los hombres.

En el estatuto, se distinguen tres áreas de intervención, que reciben un trato diferenciado: la administración y sus empresas, las organizaciones y asociaciones profesionales, y las empresas privadas. La Ley establece también unos objetivos concretos de porcentajes de representación, con plazos tras los que habrá que evaluar su cumplimiento.

Salud en el trabajo

El texto plantea la necesidad de contemplar los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres y tomar las medidas pertinentes para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrario.

Por otro lado, se subraya que el modelo tradicional de reparto de tareas, "generador de grandes desigualdades entre mujeres y hombres", es otro de los aspectos en los que ve necesario "incidir". Esta ley busca "conseguir la visibilidad y reconocimiento del trabajo que han realizado y realizan las mujeres en el sector agrario".

De esta forma, se recoge y adapta a este sector lo previsto en la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, para "intentar asegurar que se tenga siempre en cuenta la realidad del trabajo de las mujeres en un sector en el que han sido especialmente invisibles".

Para la elaboración de este proyecto de Ley se ha creado, por una parte, un grupo dentro del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que ha sido el motor del trabajo realizado; y por otra parte, un grupo más amplio en el cual, además de los miembros del grupo de trabajo, estaban representadas Emakunde, Eudel, las tres diputaciones forales, los sindicatos agrarios EHNE y Enba, y las asociaciones de mujeres de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en representación de la Comisión de Mujeres Rurales.