La Generalitat ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve los acusados del asedio al Parlament, una decisión que han tomado también el Parlament, la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias. El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha mostrado su "sorpresa" por el "contraste entre lo que vio todo el mundo y los hechos que se consideran no probados".

"No existe un ánimo de carácter vengativo, pero hay cosas que no tendrían que pasar, no pueden pasar y no estamos dispuestos a que pasen", ha continuado el consejero, que también ha lamentado las lecturas de la sentencia que culpan a los Mossos d'Esquadra. "Los responsables de los excesos son aquellos que los propician", ha sentenciado y ha agregado que si, en algún momento, la policía cometiera errores, la responsabilidad sería de los políticos.

El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha recibido el fallo con "cierta sorpresa" y ha asegurado este martes por la mañana que la Generalitat acata la resolución que absuelve de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita a los 19 acusados de asediar el Parlament el 15 de junio de 2011, aunque como consejero estar más cerca del voto particular del magistrado Fernando Grande-Marlaska, que defiende que diez de los acusados deberían haber sido condenados, ya que "alteraron el funcionamiento y dignidad del Parlament".

Espadaler ha subrayado que le preocupa que se pueda desprender de la sentencia que "casi es responsabilidad" de la policía que se produjeran los incidentes, y ha remarcado que no puede compartir que el dispositivo pueda ser visto como el causante de los mismos.

El consejero ha recordado que cualquier dispositivo policial se hace con un doble objetivo: permitir la libre expresión de la protesta y evitar que esa protesta derive en incidentes. Homs también ha defendido el trabajo de la policía catalana y ha negado que la sentencia pueda marcar un punto de inflexión y repercutir en la forma de actuar de la policía catalana.

Este martes se ha reunido la Mesa del Parlament que, como acusación particular pedía tres años de cárcel para cada uno de los acusados, y ha analizado el fallo de la Audiencia Nacional. Tras el encuentro, la presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert, ha anunciado que el miércoles formalizarán el recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que dos miembros hayan pedido más tiempo para estudiar el fallo. Es probable que seis de los siete integrantes de la Mesa apoyen la decisión —el ecosocialista David Companyon se opone— porque "no es digno la no defensa del Parlament".

En la misma línea que Espadaler, De Gispert ha asegurado estar más cerca de la sentencia alternativa propuesta por el presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska, que con el fallo emitido. "No puede ser que no haya pasado nada, que se menosprecie la situación vivida por algunos diputados, que llegaron asustados es poco", ha lamentado la presidenta de la Cámara, quien cree que del fallo emana una "filosofía un poco peligrosa", una opinión que comparte con el consejero de Interior.

"Yo no puedo olvidar lo ocurrido el 15 de junio de 2011. Hubo agresiones, violencia e intimidación con el doble objetivo de despreciar la institución e impedir la entrada al pleno. Intenté entrar cuatro veces con el coche oficial y acabamos accediendo en helicóptero. Algunos diputados que pudieron entrar por sus propios medios fueron insultados y agredidos", ha rememorado.

De Gispert ha explicado que el Govern también analizará el fallo en la reunión semanal del Ejecutivo de Artur Mas y estudiará si lo recurre, como hará la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que se encuentra en Barcelona con motivo de la reunión del Consejo Fiscal, ha anunciado que el Ministerio Público no está de acuerdo con la sentencia porque se trata de unos "hechos muy graves que afectan a la soberanía democrática del Parlament". En su opinión, las afirmaciones recogidas en la sentencia "merecen una revisión del más alto tribunal para que fije jurisprudencia en casos similares".

Manos Limpias, que ejercía la acusación popular en esta causa, también ha anunciado que recurrirá la sentencia, al considerarla "manifiestamente injusta", rozando "el límite de la prevaricación". A juicio del sindicato, que califica el fallo de "una burla al Estado de Derecho", la decisión de los magistrados "supone una licencia sin límite para el derecho a la libertad de expresión" porque permite "coacciones, amenazas y agresiones a las Instituciones del Estado y a sus representantes".

En cambio, el abogado de la defensa, Jaume Asens, ha calificado la sentencia de "histórica" y ha pronosticado que si hay recurso al Tribunal Supremo es "prácticamente imposible" que se resuelva en un sentido contrario. El fallo es de "referencia" y de aquellos que "se pueden enmarcar porque es un tratado que recoge la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en relación al derecho de protesta".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el letrado cree que ha quedado demostrado que el dispositivo policial fue de los causantes de los incidentes y que las detenciones no fueron justificadas. Asens ha destacado que el operativo organizado no compatibilizó el derecho de protesta de los manifestantes con el derecho de los diputados a entrar al recinto. Además, la resolución destaca que "el derecho a la protesta tiene una clara dimensión conflictiva", lo que implica "cierta interrupción del curso ordinario de las cosas".

"No sólo protege la crítica educada, inofensiva y complaciente con el gobierno de turno sino que también tutela la manifestación que puede ofender, perturbar y puede ser ingrata, sobre todo, cuando se dirige a las autoridades", ha explicado Asens, quien sostiene que los jueces afirman que quién "traspasó las líneas rojas" ese día fueron los Mossos d'Esquadra y la Consejería de Interior.