El fiscal y las acusaciones populares en el juicio del expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar, mantienen sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, como han expresado en sus conclusiones definitivas en el último día del juicio, que quedará visto para sentencia.

En algo más de dos horas, fiscal y acusación del PSOE mantuvieron que existió "falta de procedimiento" en la Diputación de Ourense entre los meses de enero y marzo de 2010, en el que el presidente del ente provincial firmó ocho decretos para contratar a 104 personas para diferentes servicios.

Según el fiscal, "la voluntad de una persona", en alusión al entonces presidente de la institución y ahora acusado, "se antepuso al ordenamiento", porque "se creyó un tío estupendo para seleccionar personal" y eso, según el fiscal Florentino Delgado, "es prevaricación".

Calificó de "perversión absoluta" la forma de proceder de Baltar cuando "en su casa" —la Diputación provincial— exigía a los jefes de servicio que le presentasen por escrito sus necesidades de personal. "Pero para atender las necesidades de los alcaldes no hace ni eso, y él mismo, como si fuese un jefe de servicio, presenta la petición en el servicio de Recursos Humanos", ha agregado.

Según Delgado, Baltar "generó la necesidad, generó la contratación y firmó el contrato convirtiéndose así en jefe de servicio". Consideró acreditada la "exacerbación de las omisiones" del procedimiento legal y que Baltar obró siguiendo una norma: "Hago lo que quiero, porque puedo y porque quiero hacerlo".

Además, desgranó los argumentos dados por los propios testigos que desvirtúan la urgencia de los contratos y aludió, como única jurisprudencia, a la sentencia que condenó en 2001 a un alcalde de Ponteareas.

"injusticia manifiesta y evidente"

Por su parte, el abogado del PSOE, José Arcos, se refirió durante casi una hora a la "injusticia manifiesta y evidente de esa contratación sui generis", en la que participaron muchas personas y en la que los contratados "eran todos amigos, exalumnos, vecinos, conocidos, afiliados, militantes o compromisarios, o gente que ya había trabajado en la Diputación".

Según Arcos, se trató de ofrecer "igualdad a sus iguales" y apuntó la contratación de la edila de Carballiño Monserrat Caride, que fue testigo, como caso culminante por cumplir todos los 'requisitos'. Dijo de ella que se trata de una "amiga, afiliada y edil que ya había trabajado antes en la institución provincial y además fue compromisaria en el congreso del 30 de enero de 2010 que celebró el PP y en el que se nombró al hijo de Baltar como presidente del partido en la provincia".

Arcos pidió la misma condena de inhabilitación y la devolución por parte del acusado, del coste de los contratos, 700.000 euros según un certificado de la interventora de la Diputación que dio a conocer este viernes. "Debe condenársele al pago de su capricho y si la Justicia fue lenta en este caso, esperamos que sea implacable como con los demás ciudadanos", ha sentenciado.