Las condenas a trabajos sociales, bloqueadas o prescritas por falta de plazas en la Comunidad

Las condenas a trabajos sociales, bloqueadas o prescritas por falta de plazas en la Comunidad

Enrique, condenado a trabajos sociales en Cruz Roja
A Enrique le tocó ejercer como monitor de niños con discapacidad en Cruz Roja. (JORGE PARÍS)
  • Los delitos de tráfico (50%) y los de violencia de género (25%) copan las penas por trabajos en beneficio de la comunidad (TBC).
  • Los ayuntamientos de la región y Cruz Roja solo ofertan 330 puestos.
  • El stock de condenas vigentes en Madrid alcanzó las 2.453 en el primer trimestre.
  • Cada año se dictan alrededor de 1.500 nuevas sentencias.
  • Enrique: "Me gustó tanto que sigo como voluntario".

Si usted resulta condenado a una multa o una pena menor por haber cometido un delito leve, tiene la posibilidad de sustituir la sanción por los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Sin embargo, también existen posibilidades de que, tratándose de la Comunidad de Madrid, tarde meses en poder cumplir su castigo o, en el mejor de los casos, que ni siquiera llegue a hacerlo. Y es que la carestía de plazas suficientes para realizar labores comunitarias en la región está provocando retrasos en el cumplimiento de las sentencias e, incluso, prescripciones que dejan sin efecto las decisiones judiciales. En el caso de los delitos menores, el plazo se cumple a los cinco años desde la existencia de sentencia firme.

La estadística oficial no detalla el número de veces que se producen estas situaciones, pero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias admite que el éxito de los voluntariados sustitutorios desborda la capacidad de la Administración para atenderlos.

Los TBC son principalmente labores de mantenimiento, jardinería y protección civilLa Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsable de gestionar los convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, detalla que solo 30 de los 179 consistorios de Madrid colaboran. Entre todos ofrecen 300 plazas destinadas, principalmente, a labores de mantenimiento, jardinería, protección civil y servicios municipales, sociales u otros oficios. Cruz Roja dispone de otras 30, amén de las que prestan entidades como el Banco de Alimentos o Cáritas. Entretanto, en 2011 y 2012, últimos años registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los juzgados de la región dictaron 1.687 y 1.584 resoluciones sobre TBC, respectivamente.

Los datos del organismo de prisiones ponen de manifiesto que el stock de condenas vigentes alcanzó las 2.453 en el primer trimestre de 2014. De ellas, 1.041 correspondían al servicio de gestión de penas y medidas alternativas de Madrid; 950, al de Navalcarnero; y 462, al de Alcalá de Henares. Este recuento, detalló un portavoz oficial, incluye tanto las nuevas condenas establecidas en el ejercicio en curso como las que se "arrastran" de otros períodos.

Las cifras se mantuvieron en los mismos niveles en 2013, según fuentes judiciales, aunque están muy lejos de las 8.474, 10.093 y 9.942 impuestas consecutivamente en 2008, 2009 y 2010. Este último año, el Gobierno reformó la ley para anular la obligatoriedad de hacer servicios públicos por delitos de tráfico. A cambio, introdujo los cursos de reeducación vial, lo que hizo que la mayoría de los sancionados optasen por esta última modalidad, más cómoda.

Los delitos más comunes son los de tráfico, con alrededor del 50% de los casos, y los de violencia de género , con un 24%. El resto de delitos copa el 28,5%.

En regresión y poca equidad social

Los expertos aseguran que los jueces son cada vez más reacios a los trabajos sociales. "Muchas veces acaban prescribiendo. Por otro lado, no suelen tener relación con la infracción y pierden su sentido 'pedagógico'", detalla el penalista Emilio Rafael Cobos. "Suele haber colapso en los servicios penitenciarios para poder cumplir. Incluso no se llegan a hacer por prescripción. Esto perjudica la cancelación de antecedentes penales, que solo se hace una vez satisfecha la pena", sostiene Alfredo Herranz, abogado.

Esto perjudica la cancelación de antecedentes penales, que solo se hace una vez satisfecha la pena Aunque los letrados son favorables a los TBC por su carácter educativo y resocializador, Herranz añade que estos presentan problemas de equidad social: "En mi opinión, van asociados a condenados con pocos recursos económicos. Quien tiene capacidad económica suficiente prefiere pagar la multa, lo que supone una práctica discriminatoria. En cualquier caso, hacen falta más plazas".

Instituciones Penitenciarias asegura ser consciente de las carencias del sistema. Por ello, ha emprendido una ronda de contactos con las instituciones públicas y privadas implicadas a fin de que la pena se ejecute y "responda fielmente a sus finalidades y pretensiones".

Enrique, 35 años: "Le estoy dando algo de mí a los demás"

Equinoterapia en Cruz Roja. Esa fue la opción de Enrique eligió cuando los servicios penales le presentaron el listado de trabajos en beneficio de la comunidad a los que podía acogerse. "No me suelen pasar estas cosas, pero fui condenado y estaba un poco asustado. Como me dedico profesionalmente a los animales, decidí que trabajar con caballos era una buena idea", relata.

En su caso, le tocó ejercer como monitor de niños con discapacidad que visitaban las cuadras del Club de Campo de Madrid. "Tenía que presentarme, explicarles cómo se cuida a los caballos, ayudarles a montar, enseñarles a coger las riendas y hacer ejercicios. Solo fueron 70 días, pero me gustó tanto que sigo como voluntario. He conocido gente magnífica y siento que le estoy dando algo de mí a los demás. Como perdí el trabajo, también me sirvió para ocupar mi tiempo", confiesa.

Claves sobre los trabajos en beneficio de la comunidad

  • ¿Quién puede acceder a ellos?
    Los condenados a penas menores (en su mayor parte, multas) por delitos de tráfico, violencia de género, amenazas, robo de vehículos, maltrato animal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, incumplimiento de obligaciones familiares o deslucimiento de bienes, entre otras.

  • ¿En qué condiciones?
    El beneficiario tiene que aceptar la entrada en el programa TBC e, incluso, puede proponer las tareas a realizar o el lugar para llevarlas a cabo. Se valorará que tenga relación con el delito cometido, pero nunca cobrará. Si trabaja, la pena debe ser compatible con su horario laboral.

  • ¿Durante cuánto tiempo?
    Las condenas pueden ir desde días a meses o, incluso, hasta un año. La jornada laboral máxima es de ocho horas. En caso de no cumplir el plan de ejecución, el juez de vigilancia penitenciaria puede decretar el quebrantamiento de condena, lo que implicará una multa o, incluso, el ingreso en prisión.

  • ¿Cuántas penas de este tipo se impusieron en España en 2013?
    Los jueces dictaron 93.724 resoluciones sobre trabajos comunitarios. Entraron en el ordenamiento español como alternativa a la prisión en 1995. Al principio casi no tuvieron eco. A partir de 2003 los jueces pudieron dictar esta pena de forma directa, no solo como sustitución de otra, y aumentaron las condenas. La explosión llegó en 2007, cuando delitos de violencia de género y de tráfico pasaron a acarrear pena de trabajos para la comunidad. La reformulación de la norma en 2010 permitió que los delitos de tráfico pudieran saldarse con multas.

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