El consejo de Spanair declarará el 8 de julio, dos años y medio después de la quiebra

  • El juicio se celebrará del 8 al 10 de julio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
  • Se enfrentan a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a tener que devolver los 72 millones de euros de déficit.
  • Al posponer la declaración de insolvencia, el agujero económico se agrandó.
  • El cierre de la aerolínea dejó en tierra a 83.006 pasajeros la primera semana.
Pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Spanair hacen cola ante el mostrador de la compañía en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona, para informarse de su situación.
Pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Spanair hacen cola ante el mostrador de la compañía en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona, para informarse de su situación.
Alberto Estévez / EFE
Pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Spanair hacen cola ante el mostrador de la compañía en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona, para informarse de su situación.

Los miembros del consejo de la desaparecida Spanair, que cesó su actividad el 27 de enero de 2012, declararán en el juzgado mercantil 10 de Barcelona el próximo martes 8 de julio dos años y medio después de su quiebra. Su repentino cierre dejó en tierra a 83.006 pasajeros en la primera semana de cese de operaciones, por la cancelación de 878 vuelos.

El cierre afecta este fin de semana a 380 vuelos -158 el sábado y 222 el domingo- y la cifra de afectados podría ascender a más de 20.000 personas

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1290000/0/spanair/qatar-airways/cierre-aerolinea/#xtor=AD-15&xts=467263El cierre afecta este fin de semana a 380 vuelos -158 el sábado y 222 el domingo- y la cifra de afectados podría ascender a más de 20.000 personasVer más en: http://www.20minutos.es/noticia/1290000/0/spanair/qatar-airways/cierre-aerolinea/#xtor=AD-15&xts=467263

El juez interrogará al entonces presidente, Ferran Soriano; al director general, Michael Balint Szucs; al vicepresidente, Benny Zakrisson; a los consejeros Miquel Martí Escursell, Josep Mateu Negre, Jordi Rafael Bagó Mons, Josep Maria Benet Ferran, Joan Gaspart (en nombre de Inversions Turístiques), Manuel Albanell Mira (en nombre de Catalana d'Iniciatives), Karl Mats Erik Lönnqvist, y las empresas Avançsa, Inversiones Turístiques i Comercials 2009 SA y Fira de Barcelona, según el guión del juicio.

Las declaraciones de los demandados comenzarán a las 10.00 horas en el Auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, mientras que el miércoles día 9 se realizarán las ratificaciones de los informes y el jueves día 10 se expondrán las conclusiones.

La Fiscalía de Barcelona consideró en marzo a los miembros del consejo de la aerolínea Spanair culpables del concurso de acreedores porque retrasaron la solicitud agravando el estado de insolvencia. El informe coincidía con los administradores concursales en que la aerolínea se encontraba en una situación de insolvencia manifiesta el 30 de junio de 2011 pero retrasó cinco meses la solicitud del concurso, lo que agravó el déficit concursal en 72.184.107,63 euros.

En sus conclusiones, la fiscal Raquel Amado recogía que en esa fecha la sociedad se encontraba "materialmente en situación de fondos propios negativos no reequilibrados" porque el mantenimiento en el activo de créditos fiscales por bases imponibles negativas de ejercicios anteriores no estaba justificado por las previsiones del plan de negocio.

Las previsiones "adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción y eran, por tanto, incompatibles con los principios de prudencia y probabilidad razonable a beneficios futuros" —según la fiscal—, principios a los que debe ajustarse la práctica contable referida.

Según el escrito, un indicio de que la obtención de beneficios futuros no se debía contemplar como una perspectiva probable a corto y medio plazo es que los socios privados de Spanair (Volcat 2009 SL), más allá de su inversión inicial, "en ningún momento llegaron a inyectar fondos mediante préstamos para financiar la compañía al modo en que sí lo hicieron los socios públicos (Avançsa) o semipúblicos (Fira de Barcelona)".

La fiscal pedía que se inhabilitara a los miembros del consejo para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años, la pérdida de derechos como acreedores concursales y que pagaran solidariamente los 72 millones, menos Karl Mats Erik Lönnqvist, que solo debería responder por seis millones.

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