El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha optado este miércoles por acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor del caso Novo Carthago, que se encuentra bajo investigación judicial y por el que tanto él como el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, se encuentran imputados por un presunto delito de prevaricación.

El primero en llegar al Palacio de Justicia ha sido Cerdá, quien lo ha hecho a las 10.15 horas y muy "tranquilo". A su salida ha dicho que ha colaborado con la Justicia.

No obstante, a preguntas de los periodistas sobre si se le mantiene la imputación, ha dicho desconocerlo, a lo que ha añadido que, si fuera por él, "no estaría aquí".

Se trata de la tercera vez que declara Cerdá ante el juez instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía. La imputación en esta causa se prolonga durante un año, desde que el 18 de julio del pasado año el instructor decidiera abrir diligencias para investigar su actuación en Novo Carthago.

La primera vez que declaró fue en septiembre y en una segunda ocasión fue citado el 28 de abril de este año para un careo por "contradicciones" entre su declaración y la de M.J.R.A. sobre una reunión en el Ejecutivo murciano.

Por su parte, el delegado del Gobierno, que no ha declarado ante el juez, ha dicho que se encuentra bien y se ha remitido a sus abogados. Bascuñana ha llegado pasadas las 11.35 horas y ha salido unas dos horas después, acompañado por el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Mateo.

En todo momento, tanto Cerdá como Bascuñana han eludido detenerse para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En declaraciones a Europa Press, el abogado personado en representación de IU-Verdes, Juan Francisco Pérez Avilés, ha señalado que Bascuñana se ha acogido a su derecho a no declarar en tanto en cuanto no se resuelva el recurso de apelación que planteó contra su imputación.

No obstante, el abogado de IU-Verdes explica que Bascuñana permanecerá imputado hasta que se resuelva el recurso, cuya interposición no tiene carácter suspensivo de lo ya acordado.

Así, el delegado del Gobierno no ha contestado a ninguna de las preguntas, aunque las cuestiones que querían hacer tanto las acusaciones como el juez "sí que se han plasmado", explica el abogado de IU-Verdes. En total, el juez le ha hecho seis preguntas, el Ministerio Fiscal ha plasmado tres cuestiones, el letrado que sustituía a Diego de Ramón ha hecho dos preguntas y el letrado de IU-Verdes ha formulado una pregunta.

Las preguntas, según Pérez Avilés, iban encaminadas a averiguar "qué motivos tenía Bascuñana para firmar el 31 de marzo de 2005 la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Cartagena, pese a que había muy serias limitaciones y condicionamientos que determinaban, entre otros, el informe de la Dirección General de Regadíos".

Por su parte, Cerdá solo ha contestado a las preguntas del juez y del fiscal, así como a las de su letrado, pero "se ha negado a contestar a las preguntas del resto de las acusaciones particulares", según Pérez Avilés. En resumen, relata que el consejero de Agricultura se ha ratificado en sus anteriores declaraciones.

El juez ha mantenido un tono "muy riguroso" durante el interrogatorio, según el letrado de IU-Verdes, quien ha desmentido que la instrucción no se esté llevando adecuadamente. "Lo que yo he percibido como letrado es que se están respetando escrupulosamente los derechos de los imputados", ha aseverado.

También ha rechazado el argumento esgrimido por algunos abogados de las defensas, que tachan de "inusual" la advertencia que en algunas situaciones se ha hecho, advirtiendo a los imputados que si no comparecían se podía acordar su detención. Pérez Avilés explica que esto "no es nada inusual", y que esta "coletilla" se pone "con mucha frecuencia en las citaciones".

En su recurso, Bascuñana esgrimía fundamentalmente "motivos de fondo" para evitar ser imputado, y solicitaba la suspensión de la comparecencia prevista este miércoles, alegando que "no tenía tiempo de ilustrarse plenamente y de prepararse con su abogado, debido a la voluminosidad de la causa", según explica el abogado de IU-Verdes.

Además, Bascuñana alegaba que su abogado tenía este miércoles precisamente una vista previamente acordada en la ciudad de Cartagena. El juez desestimó este argumento diciendo que el despacho de su abogado es colectivo y que podía ser sustituido por cualquier compañero.

"hay indicios muy serios",

Según el abogado de iu-VERDES

A juicio de Pérez Avilés, sigue estando de manifiesto que "hay unos indicios muy serios de un delito de prevaricación, de alguna manera coordinado y con una voladura de las leyes estatal y autonómica en este plan de ordenación de recursos naturales que se hizo en 2003, como bien dijo el juez en su auto del 24 de junio".

Todo ello, asevera Pérez Avilés, con una "sincronización total entre la empresa inmobiliaria, Hansa Urbana, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, tal y como sostiene el juez". Asimismo, el abogado de IU-Verdes considera que se han puesto también de manifiesto datos "significativos", como el hecho de que el mismo día en que el proyecto se presentó en un hotel de La Manga, "estaba siendo firmado por Cerdá el avance del nuevo Plan".