Eran alrededor de las 13.00 horas del 3 de julio de 2006 cuando se produjo la tragedia. Un convoy de la línea 1 de Metrovalencia descarriló entre la parada de Plaza de España y la de Jesús, llevándose por delante 43 vidas y dejando marcadas de por vida otras 47 que sufrieron heridas en la que ha sido la mayor catástrofe que ha sufrido Valencia desde la riada de 1957.

Sin embargo, ni siquiera un hecho de tal magnitud hizo que ningún miembro del Gobierno valenciano, dirigido entonces por el expresidente Francisco Camps (PP), dimitiera de su cargo, uno de los principales motivos de indignación de las víctimas, según su portavoz, Beatriz Garrote: "Hay responsabilidades políticas que nunca se han asumido".

La versión oficial fue que el accidente estuvo causado por un exceso de velocidad al circular a 80 kilómetros por hora en una curva limitada a 40, como consecuencia de un error humano del maquinista, que falleció en el siniestro.

A partir de ahí, el Consell intentó dar carpetazo cuanto antes al caso. Según Garrote, "abrieron una comisión de investigación en Les Corts que duró solo cuatro 4 días y que fue un paripé hecho a medida del PP en el que muchos de los miembros de FGV que declararon fueron previamente aleccionados por una consultora que les dijo lo que tenían que contestar a cada pregunta".

Así, como era de esperar, la comisión concluyó que el exceso de velocidad fue la única causa del accidente, a pesar de que la misma unidad siniestrada sufrió otro descarrilamiento en 2005.

Por otra parte, desde la Generalitat lanzaron una batería de promesas de mejoras de seguridad en la red de Metrovalencia, que solo se han cumplido a medias. Por ejemplo, se comprometieron a suprimir la fatídica curva del accidente, por la que aún hoy pasan los trenes. Sí que se ha instalado, sin embargo, el sistema de conducción automático ATO en el interior del túnel, aunque en 2011, seis años después del suceso, y se ha renovado la flota de trenes.

Pese a todo, las víctimas, constituidas en la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, no han parado de buscar respuestas a las causas del accidente: ¿Estaba en condiciones de circular con garantías un tren que ya había sufrido un accidente un año antes? ¿Por qué se rompieron con tanta facilidad las ventanas de seguridad que hicieron que se multiplicaran las víctimas? ¿Era adecuado el sistema de frenado por balizas (FAP) y estaban estas situadas en los lugares adecuados? ¿Cómo se analizó la caja negra y por qué se borró su contenido? ¿Por qué ha desaparecido el libro de averías?

Son algunas de las preguntas que se hacen desde la asociación y que aún a día de hoy siguen sin respuestas convincentes.

Paralelamente, el proceso de investigación abierto por el juzgado número 21 de Valencia emitió dos autos de archivo del caso en marzo y diciembre de 2007. Posteriormente, la Audiencia Provincial desestimó en mayo de 2008 los recursos formulados al considerar que la causa "material del accidente fue el descarrilamiento y este se produjo por exceso de velocidad".

Una sentencia que cayó como un jarro de agua fría en la Asociación: "Desde FGV se ocultó mucha información, por ejemplo, el libro de averías que aún sigue sin aparecer, los accidentes previos de la unidad siniestrada, las medidas de seguridad exigidas por los sindicatos que no se pusieron en marcha y que hubieran evitado el accidente, además de que mintieron con el borrado de los datos de la caja negra", asegura Garrote. Toso esto hizo que el juzgado archivara el caso.

Sin embargo, cuando parecía que solo les quedaba resignarse, el programa de Jordi Évole Salvados dedicado al accidente, emitido en abril del año pasado en La Sexta, irrumpió como un terremoto.

Para Garrote, ha sido "un punto de inflexión, el programa logró remover las conciencias de toda la sociedad valenciana y española que o nos habían olvidado o no conocían nuestra historia".

Además, añade que quedó en evidencia "el trato dado por el Gobierno valenciano a las víctimas (Camps no les quiso recibir y Fabra solo una vez) que nos abandonó y maltrató por completo con su actitud".

Precisamente, en base al programa y a su repercusión, tando la Asociación como el PSPV o la entidad Cercle Obert solicitaron ante la Fiscalía la reapertura de la investigación judicial del accidente, que fue aceptada por la sección segunda de la Audiencia de Valencia el pasado mes de enero y que se encuentra en fase de instrucción.

De momento, la jueza que investiga el accidente ha imputado a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que participaron en 1999 en el proyecto de colocación de balizas de control de velocidad en la Línea 1.

Sin duda, una luz de esperanza que para unas familias que solo buscan saber la verdad de las causas por las que perdieron a sus seres queridos y que se haga justicia con los responsables técnicos y políticos de la tragedia.

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio ha recordado este jueves a las víctimas del accidente en un homenaje oficiado sobre el punto de la curva donde se produjo la catástrofe, y han asegurado que van a "seguir luchando" para que se investiguen las causas del siniestro y se obtenga el perdón del Gobierno valenciano, algo que no solo reclaman las víctimas, sino "toda la sociedad valenciana".

La lluvia ha dado una tregua para dar lugar al acto, celebrado en un jardín situado en el cruce entre la calle San Vicente y Roís de Corella de Valencia, bajo el cual se encuentra la "curva de la muerte" donde ocurrió el accidente. En el homenaje, al que también han asistido miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), 'iaioflautas' y personalidades políticas, los afectados han depositado flores amenizados por el sonido de un cuarteto de cuerda de fondo.

También este jueves a las 19.00 horas tendrá lugar una concentración con actuaciones musicales en la plaza de la Virgen de Valencia.

Por otra parte, la entidad ha presentado este miércoles un concurso artístico denominado Proyecto 3 de Julio, que persigue erigir un monumento para homenajear a las víctimas mediante una actuación en el espacio público.