El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este lunes que las creencias religiosas de los empresarios les eximen del requisito que contempla la reforma del sistema sanitario de sufragar anticonceptivos a sus empleados dentro del seguro médico.

La reforma sanitaria, promulgada en 2010 y considerada el logro legislativo mayor del presidente Barack Obama estipula que casi todas las empresas con más de cincuenta empleados incluyan en sus seguros de salud el subsidio de los anticonceptivos.

El Supremo falló así a favor de las firmas Hobby Lobby, una cadena nacional de venta de artesanías y manualidades cuyos dueños son cristianos evangélicos, y Conestoga Wood Specialties, que fabrica gabinetes y es propiedad de menonitas.

Esta decisión ajustada, adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra, supone la primera vez que el alto tribunal dictamina que las empresas con ánimo de lucro pueden tener puntos de vista religiosos bajo la ley federal.

Esto implica que la Administración Obama habrá de hallar una alternativa para proporcionar métodos anticonceptivos a las mujeres que estén cubiertas por los seguros de salud de aquellas empresas que aleguen objeciones religiosas para hacerlo.

La anticoncepción forma parte de los servicios de prevención que se deben proporcionar sin cargo adicional en virtud de la Ley de Salud que promulgó Obama en 2010 y que el propio Tribunal Supremo ratificó dos años después, tras una serie de demandas y fuertes oposiciones.

"Las empresas en los casos que se nos presentan son sociedades anónimas cerradas propiedad y bajo el control de los miembros de una misma familia, y nadie pone en duda la sinceridad de sus creencias religiosas", explica la Corte en el fallo.

Por ello, el tribunal hizo hincapié en que el fallo se aplica sólo a las empresas que están bajo el control de unas pocas personas en las que no haya diferencia esencial entre las creencias religiosas de los propietarios de la empresa.

La Casa Blanca lamentó la decisión y aseguró que trabajará con el Congreso para asegurarse de que "cualquier mujer afectada por esta decisión todavía tendrá la misma cobertura de servicios vitales de salud que el resto de la población".

"La decisión de hoy pone en riesgo la salud de las mujeres que están empleadas por estas compañías. Como millones de mujeres saben por su experiencia, los anticonceptivos son vitales a menudo para su propia salud y su bienestar", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), Debbie Wasserman Schultz, también se mostró "decepcionada y profundamente preocupada por la decisión", en un comunicado.

"Gracias a la Ley de Asistencia Asequible, millones de ciudadanos han tenido acceso a los servicios preventivos sin costes de su propio bolsillo, incluyendo el control de la natalidad. (...) Casi el 60 % de las mujeres que usan anticonceptivos lo hacen por algo más que la planificación familiar", agregó Wasserman Shultz.

"Si la Corte Suprema no protege los derechos reproductivos de las mujeres, lo haremos los demócratas", advirtió el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.

Por el contrario, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, consideró el falló como "una victoria para libertad religiosa y otra derrota para una Administración que ha cruzado repetidamente los límites constitucionales en la búsqueda de sus objetivos de gobierno".

"La ley de salud del presidente sigue siendo un caos inviable y un lastre para nuestra economía. Debemos derogarla y promulgar mejores soluciones que comiencen con la reducción de los costos de atención de la salud de los estadounidenses", añadió Boehner.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Reince Priebus, también aplaudió este fallo del Supremo "a favor de la libertad", dijo.

"El tema central de este caso era si el gobierno federal puede obligar a los estadounidenses a violar sus profundas creencias religiosas, y por suerte la Corte ha sostenido los límites adecuados en el poder del gobierno", agregó el republicano.

Priebus subrayó, además, que la decisión pone de manifiesto "lo intrusivo" de la reforma sanitaria de Obama, blanco de las críticas de los conservadores durante años.

La decisión, aunque no exime a grandes empresas, es un revés más para la Administración Obama y su reforma sanitaria, que ha sufrido un escollo tras otro en los últimos meses con los problemas de implantación de los nuevos mercados de seguros médicos.

Según un estudio del grupo Center for American Progress, en este país el coste del anticonceptivo de uso más común, la píldora, alcanza unos 1.210 dólares anuales incluyendo las visitas al médico y el suministro de las pastillas.