El fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada Alejandro Luzón ha propuesto la introducción del delito por enriquecimiento ilícito en nuestro país para la clase política, aunque ha matizado que "no creo que lleguemos a verlo porque a los políticos les provoca urticaria"

Así se ha pronunciado durante la mesa redonda 'Instrumentos jurídicos contra la corrupción: su eficacia', que forma parte del Encuentro 'El Derecho frente a la corrupción', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

"Hay que trabajar en esa línea. Los políticos adoptan un doble y peligroso papel: utilizan el poder y cuando son investigados alegan su papel como ciudadano", ha relatado. Al mismo tiempo, ha lamentado que es "notablemente más difícil" obtener en España una condena por corrupción que por terrorismo. Un hecho que es, a su juicio, "bastante claro y objetivo".

Por ello, ha defendido que la clase política "se someta a normas excepcionales para evitar la indefensión social y permitir la pervivencia del sistema democrático, o al menos su credibilidad, muy dañada", ha añadido, desde el punto de vista de la ciudadanía. En este sentido, haciendo referencia a un estudio de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) de enero del 2013, en el que un 95% de la población española considera que la corrupción "está muy extendida".

"Este escenario, mucho peor que la media de la UE, es alarmante y preocupante", ha avisado el fiscal Luzón, al tiempo que ha aclarado que no hay datos empíricos que demuestren que en la actualidad hay más corrupción en el pasado. Pero sí ha explicado que la corrupción y la delincuencia económica actual es "diferente".

Frontera "muy desdibujada" entre lo público y lo privado

Por ejemplo, ha comentado que debido a las innovaciones tecnológicas y al sistema bancario "se permite ocultar los beneficios ilícitos y la identidad del corrupto", lo que supone, ha añadido, que sea "muy difícil" perseguir la corrupción. De hecho, en cuanto a la corrupción en el ámbito público y en el privado, ha explicado que la frontera entre ambos "está muy desdibujada".

Del mismo modo, ha vinculado la delincuencia económica actual con otros tipos de delincuencia, como el fraude fiscal o el tráfico de influencias, "conformándose como un problema global". Por ello, en cuanto a la lucha contra la corrupción, ha abogado por una "radical mejora en el ámbito preventivo porque la represión no sirve".

"Esto es imprescindible y hay un margen muy amplio, hay mucho por hacer", ha aseverado con respecto al combate contra la corrupción pública, al tiempo que ha añadido que en lo referido a la privada "el margen de mejora es total porque no hay prácticamente nada". Igualmente, ha defendido que la corrupción y la delincuencia económica "debe ser tratada por tribunales específicos"

Mejorar los canales de denuncia

Luzón, que ha afirmado que "con demasiada frecuencia" el inicio de una investigación de un caso de corrupción se produce "de pura casualidad", también ha reivindicado que "hay que mejorar los canales de denuncia porque hay personas que conocen conductas delictivas y no tienen vías para denunciarlo porque supondría su despido de la empresa. "El Tribunal Supremo", ha dicho, "interpretaría que el despido es procedente porque es denunciar el incumplimiento de la normativa laboral".

En este sentido, ha recordado que en Estados Unidos sí existen este tipo de mecanismos "garantizando el anonimato" del denunciante, lo que supone que sea "un cauce muy eficaz en la lucha contra la corrupción". Pero en España, ha añadido, "sólo cabe una denuncia anónima, que está muy mal vista por la sociedad y no provoca una colaboración real" con la Justicia.

Colaboración entre instituciones españolas

Por otra parte, ha asegurado que es "bueno que mejoremos dentro de España los mecanismos de cooperación, con la colaboración entre las instituciones, que poseen una información muy valiosa y de interés", en relación con organismos como la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Tribunal de Cuentas.

"La información de estas instituciones se podría conseguir con mucha más facilidad, pero cuesta mucho. Cuesta un trabajo enorme conseguir los datos de cuántas cuentas bancarias tiene una persona. Los obstáculos se multiplican", ha lamentado, cifrando en hasta dos años el tiempo necesario para pasar este trámite.