La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ha confirmado en un comunicado que el lunes pasado la empresa Transportes Aéreos Militares (TAM), a quien el diario boliviano La Razón acusa de lucrarse a costa de los inmigrantes, realizó un viaje expreso con 86 pasajeros desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia Sao Paulo, donde los bolivianos tenían vuelos programados hacia Europa.
El comandante de la FAB, general Luis Trigo, admitió a ese periódico que cobraron 15.040 euros por el vuelo chárter a Brasil, pero dijo que el TAM no tiene autorización para vender pasajes para un segundo servicio.
"Me parece que están haciendo un trabajo medio sucio", afirmó el general al anunciar que pedirá informes e iniciará sumarios de investigación contra un oficial supuestamente involucrado en el caso.
Miles de bolivianos dispuestos a emigrar
Todo esto ha ocurrido en medio de la desesperación, que incluso ha derivado en numerosos incidentes violentos, que muestran desde hace varios días miles de bolivianos en los aeropuertos del país, ya que se sienten engañados por una aerolínea y las agencias de viajes.
El éxodo de bolivianos a España agotó los billetes en el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Aerosur para volar directamente a ese país hasta fin de mes.
La cancelación de varios vuelos directos a España operados por LAB, la principal línea del país, ha desembocado en la detención de tres ejecutivos de la empresa, entre ellos el gerente nacional, Franklin Taendler, ordenada por el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz.
Los afectados por los retrasos de varios días volvieron el miércoles a protestar violentamente en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, para exigir la presencia de los funcionarios de la aerolínea.
En tanto, en las últimas horas, la policía de España impidió el desembarco de un grupo de 86 bolivianos que viajaban en el crucero "Sinfonía", que había partido de Brasil.
Según cálculos de la embajada española en La Paz, actualmente en España viven entre 200.000 y 300.000 bolivianos, frente a los 8.000 de 2004, pero sólo 60.000 tienen sus papeles de residencia y trabajo en regla.
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