La Asociación de Internautas considera que la operación policial hecha pública el miércoles por Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, en la que han sido detenidas diez personas y 21 páginas web han sido clausuradas "tiene como único objetivo amedrentar a la comunidad internauta".
En un comunicado hecho público en la página web de esta asociación, la Asociación de Internautas considera que la comparecencia de Mesquida y de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, para ofrecer los datos de esta operación es un "despliegue propagandístico contra el P2P", un sistema cuyas siglas corresponden a "peer to peer" y que se utiliza en programas como Emule para intercambiar archivos entre usuarios.
Todo el despliegue propagandístico tiene un único objetivo: amedrantar a la comunidad internauta
Estas páginas, que registraban 15.000 descargas diarias, reportaban unos beneficios acreditados de 625.000 euros, de los que 175.000 correspondían a ingresos por publicidad, aunque se estima que las ganancias ocultas son muy superiores.
La Asociación de Internautas considera que estas páginas estaban "dedicadas a informar a los internautas sobre enlaces presentes en las redes P2P", y que los jueces, "que hasta la fecha no han dictado ninguna sentencia criminalizando" sobre este sistema, serán los que determinen si la obtención de ingresos por espacios publicitarios constituye un delito.
Según esta entidad "el Código Penal español considera necesario el ánimo de lucro para que exista delito contra la propiedad intelectual" por lo que, al regirse los intercambios de P2P "por un principio de solidaridad y siendo absolutamente gratuitos", entienden que "no puede detenerse a ningún internauta por ejercer su derecho a la copia privada de obras culturales".
Lo que convierte "el acto de esta mañana en farsa" es, según concluye el comunicado, la "obscena" coincidencia de esta "operación publicitaria" con la creación de una web de descarga legal de películas impulsada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).
Un hecho que también coincide con el incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual por parte del Gobierno "al no cumplir los plazos previstos para establecer los soportes sujetos al canon y su cuantía" y la obtención de más de un millón de firmas de la Plataforma todoscontraelcanon.es, concluye el comunicado.
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